Se avecinan nubarrones negros para Esperanza Aguirre. El juez Eloy Velasco ha dado un paso de gigante en la pieza que aún permanecía bajo secreto de sumario en el caso Púnica y ha atado los cabos de la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid a través de Fundescam desde 2004.
Todo se basa en ingente documentación confidencial requisada por el juez en casa del exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, que descubre la caja B del partido con la que se habrían financiado las campañas y actos del partido en la última década.
Y uno de los canales que habría usado el Partido Popular para financiarse sería Fundescam, la fundación del partido que ya estuvo en el centro de la polémica hace años, cuando el magistrado Antonio Pedreira la investigó. Sin embargo, entonces el caso fue archivado con el pretexto de que la presunta financiación ilegal habría ocurrido en 2003 y 2004 y los delitos habrían prescrito.
Entonces, Aguirre esquivó las responsabilidades, tirando de refranero: "En el 2003 yo no estaba. O sea, que se lo pregunten a Pío, pío, pío". Ese pío, pío que yo no he sido iba dirigido a Pío García Escudero, actual presidente del Senado que, en la época en cuestión, era presidente del PP de Madrid y, por tanto, de Fundescam.
Sin embargo, los nuevos descubrimientos apuntan a que Fundescam, a través de donaciones de empresarios, habría financiado al PP hasta casi 2011, por lo que serían delitos continuados y aún sin prescribir. Y Esperanza Aguirre fue presidenta de Fundescam hasta 2010.
Este nuevo paso, que implica a Francisco Granados, en la cárcel desde 2014 como cabecilla de la Púnica, también afecta a Ignacio González, sucesor de Aguirre en la Comunidad de Madrid, y a varios ex altos cargos de la lideresa que ahora ocupan puestos importantes en el Gobierno de Cristina Cifuentes, según informa El País.
Velasco ha citado a declarar en su despacho a Beltrán Gutiérrez, a quien el PP protegió cuando dimitió por su implicación en el caso de las tarjetas black, cuando se gastó 58.000 euros. Ignacio González le mantuvo en nómina hasta que, en la etapa Cifuentes, se le echó a la calle después de pagarle 120.000 euros. Ahora Velasco quiere volver a interrogarle para atar algunos cabos sueltos sobre la financiación ilegal.
A su vez, Velasco interroga este miércoles al exdiputado regional y expresidente de la Asamblea de Madrid José Ignacio Echeverría, que dimitió tras dar positivo en alcoholemia en un control de tráfico, y al expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.
Además, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha requerido información a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid dentro de las investigaciones que está llevando en relación con la trama de corrupción Púnica. Fuentes de la investigación han informado a Efe de que el instituto armado requirió esa información ayer a la Consejería de Sanidad a instancias de Eloy Velasco.
Se trata de una parte de la investigación que aún permanece secreta, según las fuentes. Bajo la cesión a empresas privadas de la gestión de hospitales públicos se proyectó la creación de hospitales en Móstoles, Leganés, Alcalá de Henares, Alcorcón, Fuenlabrada y Getafe. La Guardia Civil investiga dónde fue a parar el 1% del gasto aprobado de 2.283 millones de euros en 2005. Es decir, dónde acabaron 22,8 millones de euros de los famosos hospitales de Esperanza Aguirre.
