Desde que añadió a sus muchas funciones en el Gobierno de Mariano Rajoy la cartera de Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría se ha dejado caer en numerosas ocasiones por Barcelona.

Como un símbolo del aparente interés del Ejecutivo del PP por acercar posiciones con el Gobierno de Cataluña, la vicepresidenta del Gobierno se ha preparado un despacho en la ciudad condal, exactamente el mismo que utilizó el almirante Luis Carrero Blanco durante sus años a las órdenes de Francisco Franco.

Pero, ¿cuánto cuesta este símbolo? Esta pregunta viene rondando a muchos desde que se conoció el nuevo despacho de la vicepresidenta y el PSOE en el Congreso preguntó a Gobierno por ello, aunque su respuesta no fue nada satisfactoria.

Supuestos medios propios

En la respuesta por escrito a la pregunta de la diputada socialista María Jesús Serrano, a la que tuvo acceso El Español, el Ejecutivo central aseguró que “no ha sido necesario realizar ningún tipo de acondicionamiento del edificio” ya que “exclusivamente” se ha procedido a la “reubicación del mobiliario existente” y que el traslado de los “efectos personales” se realizó con “medios propios”.

Esta justificación de ningún gasto extra es considerada “absolutamente falsa” por el grupo socialista, argumentando que sólo el traslado de los 200 funcionarios en tres sedes ha producido que se puedan ver durante varios días a las puertas del famoso despacho “furgones de una empresa de mudanzas”, así como “personal con uniformes de la citada empresa”. Estos, para la diputada socialista, no parecen ser “propiedad de la administración”.

“Cinismo absoluto”

Tras estas explicaciones, el PSOE sólo puede calificar de “cinismo absoluto” las explicaciones del Gobierno, que adscribe cualquier gasto al Capítulo I (gastos de personal) de los presupuestos del departamento. Serrano explica que esto no tiene ningún sentido porque “cualquier gasto relacionado con mudanzas, suministros u obras menores que se haya realizado se hará con cargo a los créditos del Capítulo II (gastos corrientes en bienes y servicios)”, y sobre este apartado no hay ninguna referencia en la respuesta del Ejecutivo.