El miércoles terminaba con una noticia, cuanto menos, llamativa. Tras más de 15 horas de reunión del Consejo Fiscal se decidía quitarse de en medio al fiscal responsable de la imputación del presidente de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez.

El propio relegado, Manuel López Bernal, ha denunciado “intimidaciones” para favorecer a cargos públicos con causas abiertas y, sobre esto, se le ha preguntado este jueves al presidente del gobierno. Mariano Rajoy sólo ha dicho una cosa, que, “como siempre”, “respeta las decisiones tomadas”.

“El fiscal general hace las propuestas pertinentes y el Gobierno es el que tiene la última decisión”. “Siempre nos parecen muy bien las decisiones tomadas" por los órganos y la justicia, ha dicho Rajoy para añadir un mensaje que ha sonado a advertencia: “O en el país se aplican y se aceptan las reglas o este país acabará teniendo un problema”.

Esta parece ser la línea a seguir por los miembros del Gobierno: “Hay que aceptar las reglas del juego” porque estamos en un país democrático.

Normalidad frente a las denuncias del fiscal de Murcia

Según ha explicado el presidente, el Consejo Fiscal se reunió para renovar 35 plazas que habían terminado ya su mandato. De esas 35 se cambiaron a 28 personas y a siete no, ha dicho intentando mostrar total normalidad.

La realidad es que, en plena polémica por el caso Auditorio, mientras que la oposición pide la dimisión el presidente de Murcia y el PP se niega a dar ese paso, el fiscal de Murcia que le imputó ha sido relegado y ha denunciado “que los perseguidos son los fiscales que investigan la corrupción por delante de los corruptos”.

Es más, no ha dudado en denunciar presiones hacia su persona y su trabajo, pero también hacia otros fiscales, por lo que López Bernal cree que ya nadie querrá perseguir la corrupción. “La Fiscalía de Murcia ha sido la que más asuntos de corrupción ha sacado de toda España” y “no se nos ha hecho la vida especialmente agradable". 

Ante todo esto, Rajoy se ha limitado a decir que ha “reiterado hasta la saciedad” su “total respeto” a las decisiones tomadas; mientras que el ministro de justicia, Rafael Catalá, le ha dicho que si ha vivido esas presiones, debería haberlo denunciado antes.