El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado que exista ningún tipo de "injerencia o interferencia" por parte del Gobierno a la Fiscalía General del Estado para que no actúe en contra del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Púnica; y el expresidente de La Rioja y actual vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, por un delito de prevaricación urbanística. El ministro ha afirmado que lo “anómalo” es, precisamente, la causa contra el expresidente de Murcia ya que las fiscales se han negado a firmar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que pide que no se investiguen, y ha querido dejar claro que “en asuntos relevantes como este los fiscales tienen además que pedir criterio a sus superiores”.

“Quizá quien tiene el problema son las fiscales, ya que no se ha mantenido su criterio”, ha espetado Catalá. En declaraciones en el Congreso, Catalá ha subrayado que en este caso hubo cuatro fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo y el jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado que coincidieron en considerar que no había responsabilidad penal, y ha recordado que en asuntos relevantes como este los fiscales tienen además que pedir criterio a sus superiores.

El PSOE, de la mano de su portavoz en el Parlamento, Antonio Hernando, ha pedido la inmediata comparecencia del fiscal general del Estado en el Congreso para que explique si ha habido "presiones" para no imputar al presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, y al expresidente riojano Pedro Sanz.

José Manuel Maza, el fiscal general del Estado, se ha defendido asegurando que nunca ha recibido presiones y que "si tengo que comparecer, encantado de hacerlo y aclararlo todo porque a mí esto me resulta sorprendente. Igual que hay multitud de asuntos de corrupción todos los días en los cuales la Fiscalía está investigando y colaborando, hay casos en los cuáles consideramos que un ciudadano no tiene por qué estar sometido a un procedimiento penal".

Por su parte, el PP de La Rioja ha afirmado se ha escudado en que es "imposible" que la Fiscalía haya dado instrucciones de no acusar al vicepresidente primero del Senado y líder de los populares riojanos, Pedro Sanz, por un presunto delito de prevaricación porque "ni siquiera estaba investigado".