ELPLURAL.COM ha tenido acceso al documento con el que la Fiscalía Anticorrupción envió al juez Eloy Velasco para intentar anular la petición de imputación para el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Efectivamente, el documento está firmado por Belén Suárez, teniente fiscal -fiscal jefe en funciones- de Anticorrupción, en lugar de por las fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, quienes se habrían negado a la intentona de exoneración del líder del PP murciano.
Son apenas 12 líneas con escasos argumentos judiciales y sólo se refiere a las “dificultades” para desvincular los contratos de reputación personal del dirigente del PP y los de publicidad institucional y alega que “ni siquiera” se llegaron a ejecutar, por lo que “no se ha producido perjuicio alguno” para las arcas públicas.
Todo pese a que Velasco señala que si no se llegaron a formalizar los contratos fue por el estallido de la Operación Púnica y de las detenciones que le siguieron. Y a que ha sido la Fiscalía General del Estado, dependiente del Gobierno, la que ha impuesto este último criterio, para librar al presidente murciano, frente al de las fiscales que conocen perfectamente el caso.
La fiscal en funciones utiliza criterios poco jurídicos para señalar que “no podría sancionarse la provocación, proposición y conspiración”, pese a que los artículos 420 y 436 del Código Penal incluyen la pena contra la intención de cometer los delitos de cohecho y fraude, respectivamente.
