El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Guadalajara, Julio García, anuncia acciones legales si el PP, que preside el organismo provincial gracias al voto de Ciudadanos, no da marcha atrás e insiste en conceder un sueldo de 49.000 euros anuales a la diputada tránsfuga de C’s, Yolanda Ramírez, que ha abandonado el partido naranja sin por ello renunciar a su acta de diputada provincial, como así se comprometió antes de tomar posesión de su escaño en junio de 2015.
García califica como “un caso de corrupción política de libro” lo que se pretende llevar a cabo este viernes en la Diputación alcarreña, que no es otra cosa que por parte del “PP pagar de ese modo el precio pactado para que no haya sobresaltos y asegurarse la mayoría absoluta que no consiguió en las urnas”, al mismo tiempo que advierte al Grupo Popular de ser cómplices de “un acuerdo ilegal”, argumenta, ya que “serían responsables judicialmente y podrían ser inhabilitados por respaldar la compra de voluntades de una tránsfuga”.
Renuncia por escrito
Los argumentos esgrimidos por el portavoz socialista son difíciles de rebatir, al menos legalmente, ya que no sólo se trata a todas luces de un caso claro de “transfuguismo porque la diputada provincial designada por Ciudadanos ha abandonado esta formación política, pero no el acta”, sino porque Yolanda Ramírez firmó de su puño y letra la renuncia a su condición de diputada provincial si alguna vez abandonaba la disciplina del partido de Albert Rivera, lo que ha hecho, pasando a ser una diputada no adscrita. De ahí que Julio García no tenga dudas a la hora de señalar al PP como artífice de esta maniobra, “como evidencia la situación privilegiada que quieren darle como contrapartida”, sentencia.
Una comisión sin apenas trabajo
El caso es que este viernes el Grupo Popular lleva al pleno provincial una propuesta para modificar el acuerdo plenario aprobado por unanimidad de los 25 diputados sobre las condiciones de los miembros con dedicación exclusiva y retribuida, al que ahora, según el PSOE, se añade una coletilla para otorgar también esa condición a los presidentes de comisiones informativas.
O lo que es lo mismo, una modificación para que la tránsfuga de Ciudadanos pueda cobrar 49.000 euros anuales por ser presidenta de la Comisión de Promoción Económica, Empleo y Bienestar Social, cuya inoperatividad queda refrendada por su escasa repercusión, ya que en el último año y medio se ha reunido en un par de ocasiones. “Esto no es más que lo que parece: un caso de corrupción política entre alguien dispuesto a traicionar al partido por el que se presentó a las elecciones a cambio de privilegios dinerarios y personales”, asegura García.
Vulneración de los acuerdos
El PP no puede pasar por alto los acuerdos firmados el 25 de junio de 2015 con el coordinador de Ciudadanos y con su diputada provincial y ahora tránsfuga, donde queda clara la posición de cada uno, con la rúbrica del secretario general del PP, el ínclito y polémico, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, que a juicio de los socialistas es como el laurel, “está en todos los guisos, pero nadie se lo quiere comer”. Y es cierto, el hoy subdelegado del Gobierno en Guadalajara es uno de los políticos alcarreños con menos credibilidad entre la clase política, ya que sus “derrapes verbales”, añaden, son públicos y notorios.
“No hay transfuguismo”
Por su parte el gobierno de la Diputación, presidido por el “popular” José Manuel Latre, tras ser vetada por Ciudadanos su anterior presidenta y mano derecha de Cospedal en las Cortes, Ana Guarinos, que compatibiliza su escaño en Toledo con la vicepresidencia del organismo alcarreño, ha hecho público un comunicado negando la mayor y asegurando que “no existe ningún caso de transfuguismo”, sino “discrepancias internas entre personas de un mismo partido político”. El texto también recoge descalificaciones contra la actitud del PSOE, al que trata de “hipócrita” y de no haber tenido el mismo comportamiento con los diputados provinciales que abandonaron el GP en 2005, entre otras contradicciones, dicen.
