Nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Esa es la condena que pide la Fiscalía del Tribunal Supremo para el diputado y portavoz en el Congreso de PDeCat, Francesc Homs, por el papel que desarrolló en la consulta del 9-N de 2014.

El ministerio considera que cometió un delito de prevaricación administrativa y desobediencia.

No obstante, la Fiscalía ofrece la imposición de siete años y medio, más la inhabilitación mencionada, por el delito de prevaricación; así como una multa de hasta 30.000 euros a pagar en cinco meses más un año y un mes de inhabilitación por el de desobediencia.

El fiscal ha realizado dicha solicitud mediante un documento que ha remitido al Supremo con el escrito de acusación, exigiendo así la apertura de juicio oral contral el exconseller de Presidencia de la Generalitat.

 El juez instructor de la causa seguida en el Tribunal Supremo contra Homs por la consulta del 9-N preguntó el pasado mes de diciembre al fiscal si solicitaba la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien el sobreseimiento de las actuaciones. Ahora, el fiscal ha respondido pidiendo que se juzgue a Homs por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional en relación con la consulta del 9N, delitos que, de resultar probados, conllevarían una condena por inhabilitación para Homs.