La Comisión Permanente del Consejo de Estado ha sentenciado, por unanimidad, que el responsable patrimonial de una de las mayores catástrofes del ejército español, el accidente del Yak-42, fue Defensa, comandado entonces por el ministro Federico Trillo. La resolución no tendrá ningún tipo de consecuencia, ni económica ni moral, pero constituye una importante victoria moral para la asociación de víctimas del YAK-42.

El Estado aseguraba que nada podía predecir semejante desastre, en el cual murieron 62 soldados, y pretendía eximirse de responsabilidad alguna, pero el Consejo de Estado ha sido tajante: “Pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría”, reza el dictamen del máximo órgano consultivo del Gobierno, al que ha tenido acceso el diario El País.

De hecho, un informe secreto del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército (CISET) fechado un mes antes del accidente, señalaba que “se están altos riesgos al transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS, su mantenimiento es como mínimo dudoso”. Y así fue. El 26 de mayo de 2003 el YAK-42 se estrelló contra el monte Pilav cuando se disponía a hacer escala en Trabzon, Turquía, con soldados destinados que regresaban de misiones en Afganistán.

El Consejo de Estado achaca el accidente al cansancio y al estrés al que sufrieron los pilotos del avión, tras 22 horas de vuelo, así como a que estos pilotos no recibieron formación suficiente para hacer frente a situaciones como aquella. Sin embargo, Trillo y su cúpula de Defensa intentaron echar balones fuera señalando que las condiciones en las que volaban los soldados eran responsabilidad NAMSA, empresa contratista. Pero sus alegaciones no funcionaron ya que, en este sentido, el Consejo de Estado confirma que “la legislación española impone al Estado la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas”. Máxime en “situaciones de riesgo”.

Pero Trillo no solo se quedó en no asumir sus responsabilidades, sino que fue un paso más allá. Como hemos dicho anteriormente, Defensa recibió un informe del CISET un mes antes de la tragedia, y no tomó cartas en el asunto. La Audiencia Nacional archivó esta causa contra varios altos cargos militares -incluido el por entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, Antonio Moreno Barberá-. Sin embargo, la Comisión Permanente del Consejo de Estado ha determinado que aunque no se haya cometido un delito, son los responsables patrimoniales.

Las sentencias

El 11 de marzo de 2010 el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza condenó a la compañía UM Air, a la aseguradora Busin y al broker Champman Freeborn a indemnizar A herederos de las víctimas del YAK-42, en concreto a 291.

Dos años después, en febrero de 2012, el Juzgado Central de Instrucción número 3 sentenció que los altos mandos militares no fueron responsables del delito de imprudencia que se les imputaba. La Audiencia Nacional confirmó la sentencia y la causa fue archivada.

Los únicos que han sido condenados tras el accidente del Yak-42 fueron el general Vicente Navarro (tres años de prisión) y los comandantes Miguel Ángel Sáez y José Ramón Ramírez (un año y seis meses). El primero murió, y los otros dos fueron indultados por el Gobierno del PP.

El dictamen emitido por el Consejo de Estado no tendrá consecuencias económicas puesto que asumen que ese factor ya ha sido cubierto durante estos 13 años. Sin embargo, se trata de una victoria moral. La portavoz de la asociación de víctimas ha celebrado la victoria aunque reclama que falta “justicia”. Ahora, será María Dolores de Cospedal, la heredera en última instancia de Federico Trillo, quien tendrán que lidiar las consecuencias que pudieran devenir.