Política
Cristina Cifuentes con Juan Soler.., senador gracias a ella, pese a la investigación en marcha. Foto PP
Cristina Cifuentes con Juan Soler.., senador gracias a ella, pese a la investigación en marcha. Foto PP
Corrupción PP

Soler utiliza su aforamiento para ‘cargarse’ al juez que lleva su caso

El excalde de Getafe presiona a pesar de que el Supremo ‘paró’ un intento de retirar el asunto de manos del actual instructor

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Vie, 30 Dic 2016

El exalcalde de Getafe, senador y diputado autonómico del PP, Juan Soler, ha intentado imponer su aforamiento en una maniobra para escapar de la investigación por presuntas irregularidades en la construcción de un teatro que lleva el titular de instrucción del Juzgado número 4 de Getafe, Francisco Javier Achaerandio. En medios jurídicos se entiende que presiona al magistrado con la amenaza de una nulidad por estar investigando hechos en los que presuntamente habría actuado un aforado. En todo esto juega un rol fundamental el abogado del propio Soler, el conocido letrado Ignacio Peláez.  

Senador, pese a la investigación judicial

La sucesión de hechos fue ésta. En abril de 2015, un vecino de Getafe, Roberto Benítez, activista social, que canaliza sus investigaciones a través de una publicación local, elbercial.com, presentó una querella por presuntas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento en torno a la construcción del que se titulaba Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales y Escénicas. El juez aceptó la querella ante las pruebas y los indicios presentados, e inició una investigación sobre los hechos, en los que habían jugado un papel no sólo el entonces alcalde, Juan Soler, sino también dos concejales más, los delegados de Urbanismo y Hacienda, el Gerente de una empresa pública encargada de realizar las concesiones, GISA, y el responsable del área Jurídica de esta empresa pública.

A partir de ese momento, el instructor, que calificó de ‘graves’ los hechos, apoyado en el trabajo de un cuerpo de policía judicial, en concreto la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), inició una investigación que declaró secreta. Mientras avanzaba el trabajo de juez y Policía, la carrera política de Soler también se desarrollaba.

Aunque perdía en las urnas la alcaldía de Getafe, el político del PP un mes después de iniciarse las investigaciones logró un escaño como diputado autonómico en la Asamblea de Madrid y, más tarde, por decisión del partido liderado ya por Cristina Cifuentes, y a pesar de la investigación en marcha, fue designado como representante de la Comunidad de Madrid en el Senado. Es decir, el primer cargo le daba aforamiento que le aseguraba que cualquier investigación sobre él fuera tan sólo vista por el Tribunal Superior de Madrid; pero el segundo nombramiento, como senador, aún aumentaba más su blindaje, y ya sólo el Supremo podría decidir sobre la conveniencia o no de investigarle.

El Supremo le dice no

Tan pronto como se produjo esta elección, Soler pidió la acreditación de su aforamiento como senador tanto a la Asamblea de Madrid como al propio Senado y la presentó ante el Supremo reclamando que, puesto que él estaba entre las personas involucradas en la investigación de Getafe, se retirara al juez instructor Achaerandio la competencia sobre el caso.

La respuesta del Supremo, fechada en septiembre de 2016, fue sin embargo contraria a su deseo. Y lo fue con contundencia: “Visto el contenido de los escritos presentados, no ha lugar a lo interesado, siendo competencia del Juzgado Instructor elevar, en su caso, exposición razonada a esta Sala”. O lo que es lo mismo, el Supremo no veía razón para retirar al instructor la investigación del asunto pese al blindaje por su aforamiento que Soler argüía. Para dar mayor relevancia a la reacción del Supremo, subrayar que la sala que decidió el asunto, la Segunda, está presidida por el Magistrado Marchena, conocido por ser un juez marcadamente conservador, y el Ponente de la sentencia fue el entonces magistrado José Manuel Maza, actual Fiscal General del Estado por designación del Gobierno de Mariano Rajoy.

Aparece un abogado especialista

Poco después de esta decisión desfavorable para sus intereses, Juan Soler contrataba como abogado a Ignacio Peláez, un letrado con un currículo muy conocido: antiguo fiscal de Anticorrupción en la etapa de Fungairiño, saltó a la luz cuando, como defensor de algunos de los empresarios investigados en la trama Gürtel, presentó la querella que acabó con la separación de Garzón como juez instructor de la causa. Aunque no logró el cierre de la investigación ni la nulidad del proceso.

Al día siguiente de su contratación, 24 de noviembre de 2016, y pese al contenido ya expuesto de la decisión del Supremo, el despacho de Peláez, en nombre de Soler, presentaba ante el juzgado de instrucción de Getafe que lleva la causa, un escrito en el que se solicitaba al instructor Achaerandio “primero, que se abstenga de continuar la tramitación del presente procedimiento” y “segundo, que se eleva a la Sala II del Tribunal Supremo la oportuna exposición razonada, si enteinde (sic) que existen elementos incriminatorios, que por tanto deben ser investigados penalmente contra nuestro representado…”.

En medios jurídicos este escrito no se interpreta sino como una maniobra de advertencia, en el sentido de que cualquier actuación del instructor podría tener consecuencias posteriores para poder lograr la nulidad del proceso. Y al tiempo, de presión para que, al contrario de lo que decía el propio Supremo, el juez se sienta obligado a elevar al Alto Tribunal el asunto de manera inmediata, interfiriendo en su capacidad para decidir cuándo llevar a cabo esta actuación y solo si lo considera necesario.          

    

 

Francisco Medina es director adjunto de ELPLURAL.COM