En febrero de 2004, José María Aznar y Esperanza Aguirre se hicieron la foto en la inauguración de dos radiales madrileñas, la R-3 y la R-5. “Habrá un antes y un después”, afirmó el entonces presidente popular sobre el proyecto de las autopistas de peaje, que están ahora en quiebra y tendrán que ser rescatadas por el Estado.

El empeño de Aguirre
La R-3 y la R-5 llegaron después de la construcción de la R-2 y no tardó en aparecer luego la R-4, que inauguraron eufóricos los alcaldes del PP de los municipios madrileños por los que pasaban las nuevas vías. La fórmula que se usó fue el llamado ‘peaje en la sombra’: los costes de la construcción recayeron en las empresas, pero la Administración pagaba cada año un canon a las compañías, que se embolsaban el precio del peaje durante su tiempo de gestión de las vías, entre 25 y 30 años.  

La entonces presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, puso todo su empeño en un proyecto que no convencía del todo ni a las empresas contratistas, por las dificultades orográficas del trazado, que exigían una inversión demasiado elevada, y porque tenían dudas sobre los cálculos optimistas del Gobierno sobre las posibilidades de recuperar la inversión y sobre unas cifras de tráfico sobredimensionadas.

Aguirre encontró apoyo en el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, para su plan, que incluía sufragar la M-50, de lo que se encargarían las concesionarias de las radiales.

La R-2 estaba participada por Abertis y ACS, la R-3 y la R-5, propiedad  de Abertis, Sacyr, ACS y Caja Madrid, mientras que la R-4 quedó en manos de Ferrovial, Sacyr y Caja Castilla-La Mancha. Todas fueron a la quiebra por un dimensionamiento erróneo del tráfico y la llegada de la crisis económica.


Un préstamo tras otro
En 2009, con el PSOE en el Gobierno, el entonces ministro de Fomento, José Blanco, anunció que las empresas requerían fondos para que las radiales madrileñas pudieran seguir funcionando. El Ejecutivo concedió un préstamo de 135 millones de euros y un año después otro de 200 millones. En 2011 se dispuso otro préstamo participativo de 80 millones.

El Gobierno, ya con Mariano Rajoy al mando, fijó para 2012 otro préstamo de 289 millones y para 2013, 200 millones. La ministra de Fomento, Ana Pastor, aseguró que no se dedicaría dinero público en el rescate de las concesionarias.

En octubre de este 2012, las radiales R-3 y R-5 fueron declaradas en concurso de acreedores y un juez designó al Ministerio de Fomento como administrador concursal acreedor por el “interés público” de este caso.


Radiales en quiebra
En mayo pasado, el juez que lleva el caso dio un plazo de cinco meses para ejecutar la liquidación de las radiales R-3 y R-5, junto con la circunvalación de Alicante, también en quiebra. Si Fomento no las asumía, las carreteras corrían el riesgo de cerrar. En similar situación de quiebra están la R-2, la R-4, la M-12 (el eje del Aeropuerto de Barajas) y la AP 36, la vía entre Almería a Vera. El actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ya ha anunciado que "las autopistas revertirán al Estado y el Estado decidirá cómo gestionarlas".

La cifra del rescate, en cuestión
Las ocho autopistas en quiebra soportan una deuda de unos 3.400 millones de euros. Una cifra que se queda por debajo del coste del rescate para el Estado que previó hace un año la patronal SEOPAN, que lo fijó en unos 5.500 millones.