La delegada especial de la Agencia Tributaria de Madrid, Raquel Catalá Polo, ha nombrado un nuevo perito para investigar la venta de viviendas sociales del IVIMA, después de que la jueza rechazara al inspector designado anteriormente, tras la exclusiva de ELPLURAL.COM, que desveló sus vinculos empresariales con el fondo de inversión Goldman Sachs, adjudicataria final de los pisos. Es llamativo que ahora Hacienda no especifique el nombre del nuevo perito, al que identifica sólo con el número de Agencia ( NUMA).

En su contestación a la jueza instructora de este caso, Concepción Jerez García, con fecha de 25 de noviembre, la delegada especial de la Agencia Tributaria de Madrid, Raquel Catalá, hermana del actual ministro de Justicia, explica que "atendiendo a la trascendencia, gravedad y cuantía económica de los delitos investigados y desconociendo si pudieran existir hechos, elementos o circunstancias que determinen la existencia de posibles indicios de DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA se propone y se pone a disposición para auxiliar" en la causa a "un funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado identificable por el numa 46524".

La delegada de Hacienda incluye en su escrito el número de teléfono en el que la jueza puede ponerse en contacto con el funcionario, por el que tendrá que preguntar por su NUMA, ya que no se indica el nombre del mismo.


Así anuncia ahora Hacienda el nombramiento del nuevo perito

Hacienda establece que se dé el nombre del perito
Según un documento de la dirección de la Agencia Tributaria que recoge las instrucciones sobre designación de funcionarios como peritos en acciones judiciales, "la propuesta de designación de perito contendrá los datos de identificación de las personas: nombre y apellidos,  número de NUMA (número de agencia), cuerpo, cargo, órgano donde presta sus servicios, dirección, teléfono de contacto". Esto, con la excepción, según aclara el mismo texto, de que "sea preciso proteger la identidad de los funcionarios", por "la naturaleza y las circunstancias del proceso judicial".  Inspectores consultados por ELPLURAL.COM han dicho que "lo normal" es que se diga el nombre del perito. El documento consultado por este diario está firmado por el director general de la Agencia, Santiago Menéndez, y va dirigido a los directores de departamentos y servicios, del Gabinete y delegados.

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El primer perito, vinculado a Goldman Sachs
Es la segunda vez que la Agencia Tributaria propone a un inspector para investigar posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, en esta causa, que se instruye en el Juzgado Número 48 de Madrid. El primer inspector designado tenía vínculos empresariales con el fondo Goldman Sachs, que adquirió las 32 promociones de viviendas del IVIMA en 2013,  un concurso realizado con muchas irregularidades, según la Cámara de Cuentas.

ELPLURAL.COM desveló, en exclusiva, que Antonio Laquidain Hergueta, el perito propuesto en un primer momento por la directora de la Agencia Tributaria, aparecía como apoderado de BBVA Propiedad, S.A. hasta el 22 de noviembre de 2016, el mismo día en que este diario publicó su información, y casi veinte días después de que la Agencia enviara su escrito a la jueza proponiéndole el nombre de Laquidain Hergueta.

En aquel escrito, la delegada de Hacienda sí incluía el nombre del perito designado, como puede verse en este fragmento del texto.


Escrito enviado por la Agencia Tributaria de Madrid a la jueza, el 3 de noviembre


Irregularidades en la macrooperación inmobiliaria
El fondo de inversión Goldman Sachs concurrió al concurso de esta macrooperación inmobiliaria del IVIMA, que esconde complejas conexiones empresariales, a través de la intermediación del grupo Azora y con una empresa instrumental, Encasa Cibeles, creada en el último minuto para ejecutar la compra. El Gobierno de Ignacio González había aprobado un decreto que modificaba el Reglamento de Vivienda con Protección Pública para vender un año después de ser calificadas las 35 promociones de pisos.


Los principales nombres en este caso
Como ya contó ELPLURAL.COM, esta macrooperación afecta al entonces consejero de Infraestructuras y Viviendas, Pablo Cavero; al viceconsejero, Francisco de Borja Carabante, yerno del exalcalde José María Álvarez del Manzano; a los exdirectores del IVIMA, Juan Van Halen y Ana Gomendio; al expresidente madrileño Ignacio González y al actual ministro de Justicia, y entonces secretario de Estado de Vivienda, bajo las órdenes de Ana Pastor como titular de Fomento, Rafael Catalá. Sin olvidar a los dueños de Azora.