La vivienda del expresidente de La Rioja y actual vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, será investigada por el Juzgado de Instrucción número tres de Logroño. Como denunció ELPLURAL.COM, el dirigente popular convirtió una casa de aperos de 20 metros cuadrados en un chalet de dos plantas y casi 200 metros cuadrados, gracias a un plan general que legalizó la construcción en suelo no urbanizable.

Delitos urbanísticos y de prevaricación
La jueza que investiga el caso ha apreciado posibles delitos urbanísticos y de prevaricación en la aprobación del plan general de Villamediana de Iregua, que legalizó la construcción de 69 viviendas, entre ellas las del expresidente de La Rioja.En esta instrucción serán investigados el exalcalde de Villamediana de Iregua, Tomás Santolaya, y los concejales que legalizaron la vivienda del entonces presidente.

La jueza también investigará a Pedro Sanz, por su reforma de una casa de aperos en un chalet de casi 200 metros cuadrados.El alcalde de Villamediana, Tomás Santolaya Sáez, también del PP, concedió los permisos que ha fue solicitando Pedro Sanz, desde 1982.

Un tenso pleno en el Ayuntamiento
En abril de 2013, el Ayuntamiento de Villamediana aprobó el Plan  que vistió de legalidad las obras de Pedro Sanz con los votos del PP, UPyD y el voto no esperado del concejal del Partido Riojano (PR), en un pleno tenso, en el que este concejal votó a favor, incumpliendo la orden de su partido. PSOE e Izquierda Unida votaron en contra.

Motivos espurios
En el auto judicial, que adelanta una emisora de radio, se dice que "resulta indiciario, presuntivamente extraño y contrario a criterios urbanístico subjetivos que el plan general haya legalizado tales construcciones". "Debemos averiguar", dice la jueza "si esa decisión discrecional del planeamiento municipal se ha basado en motivos espurios que anteponen la voluntad de quienes votan a favor de la aprobación del plan general a las disposiciones de la ley por permitir la legalización de la vivienda del [entonces] presidente del gobierno de La Rioja".

Según la jueza, los indicios que obran en la investigación, "podrían evidenciar la realidad de una decisión de última hora no basada en razones exclusivamente técnicas y de urbanismo sino de favorecer a una persona y unos intereses en particular" y podríamos estar "ante delitos de prevaricación en materia de urbanismo que escapan del ámbito municipal y llegan al autonómico".