El alcalde de Colmenar Viejo (PP), Miguel Ángel Santamaría Novoa, ha presentado este jueves su dimisión después de que el juzgado de instrucción número tres de la localidad le ha comunicado a él y al resto del que fuera su equipo municipal la apertura de juicio oral acusados de “un delito continuado de prevaricación urbanística”, imponiéndoles una fianza de 17.600 euros.

Tras este anuncio, que el edil sólo ha justificado por “motivos personales”, el grupo de Ciudadanos en Colmenar Viejo se ha apuntado a través de un comunicado el tanto de la dimisión de Santamaría, asegurando que, si no fuera por ellos, “esta dimisión no se habría producido”, y que “supone una prueba más de la implacable labor que está desarrollando Ciudadanos en Colmenar Viejo y en toda España para conseguir que todas las instituciones públicas sirvan con limpieza a los ciudadanos”.

El trabajo a medias

Sin menospreciar el papel que de oposición haya realizado el partido de Albert Rivera en la localidad madrileña, lo cierto es que su trabajo se ha quedado a medias ya que el Partido Popular en Colmenar aún cuenta con cinco de sus ocho concejales procesados sobre los que la Fiscalía pide entre dos y 3,6 años de cárcel por prevaricación urbanística y también se les ha abierto ya juicio oral.

En concreto, son Ana Belén Colmenarejo Collado, concejal de Deportes, Sanidad y Medio Ambiente, César de la Serna Moscol, responsable de Turismo, Carlos Blázquez Rodríguez, edil de Obras, Contratación y Transparencia, Jorge García Díaz, primer teniente de alcalde, y Juan José Serrano Cadahía, concejal de Seguridad y Transportes. Además, están procesados el exalcalde José María de Federico Corral y los exconcejales Antonia García Santos, Inmaculada Viñoles, Justo García Froilán y Pablo Colmenarejo Cobeña, todos ellos del Partido Popular.

Rechazando a la Fiscalía

La dimisión del alcalde de Colmenar Viejo ha llegado por su propio peso con las últimas decisiones judiciales sobre sus muchos procesos abiertos, aunque ante ellas Miguel Ángel Santamaría no siempre las ha aceptado. Como desveló ELPLURAL.COM el pasado abril, el alcalde del PP denunció una “persecución” por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dejando caer además que había escrito a la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, para exponerle su malestar por su situación judicial y según él los daños que ello produce en el Ayuntamiento.