El Tribunal de Cuentas lleva 24 años pagando dietas alegales a sus auditores, tal y como publica el diario El País. Según estas informaciones, desde 1992, el órgano que se encarga de velar por la correcta fiscalización y el destino de los fondos de las administraciones públicas españolas está coqueteando con los límites legales, o por lo menos, se mueve en el fangoso terreno de la laguna legal.
El TC lleva desde principios de la década de los 90’ pagando 160 euros mensuales (8 euros al día) a entre 60 y 100 funcionarios que trabajan en la capital pero fuera de la sede central. Hasta aquí, todo sería legal según la normativa. Sin embargo, los beneficiarios de estas "dietas urbanas" (tal y como mencionan fuentes en el artículo de El País), no están obligados a justificar los gastos mediante facturas.
Según el Tribunal de Cuentas, sí que se ajustan a la normativa ya que este modus operandi se corresponde con una norma interna, y alegan tener potestad sobre la misma, ajustándose siempre al Régimen General de la Función Pública.
La ley permite pagar dietas a los funcionarios que han de realizar su trabajo fuera del término municipal de Madrid: manutención, desplazamientos, hotel... Sin embargo, habría que justificar los gastos y presentar las facturas, ya que siempre se abona el importe exacto del costo.
Si nos fijamos en la cantidad, 160 euros al mes por auditor, sería una cantidad ínfima, pero llama la atención que el órgano que debiera velar por la rigurosidad en cuanto a los balances y la fiscalidad se refiere, se mueva en un terreno cuanto menos objetable. ¿Quién controla al controlador?
