Antonio Jesús Fonseca-Herrero, el magistrado promotor de Acción Disciplinaria, una especie de asuntos internos del Consejo General del Poder Judicial, ha acordado incoar un expediente disciplinario al magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba Mesa por su actuación al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria. Los hechos que han iniciado esta acción podrían constituir dos faltas disciplinarias muy graves y otra grave respecto a lo que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial, según una nota de prensa publicada por la Oficina de Comunicación del CGPJ, recogida por Confilegal.
Según Fonseca-Herrero, “las faltas muy graves son las del artículo 417.8 –inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas- y 417.12 –revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona”. “El expediente también contempla la posible comisión de una falta grave del artículo 418.5, referido al exceso o abuso de autoridad”.
Ya el pasado mes de mayo, Acción Disciplinaria abrió diligencias informativas contra Alba después de que fuera denunciado por la magistrada Victoria Rosell, a quien el juez sustituyó en el Juzgado tras la decisión de ella de ser candidata, y después diputada, de Podemos al Congreso.
En esas mismas diligencias se incluyeron las grabaciones que saltaron a la luz pública en las que Salvador Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez conspiraban para fabricar una declaración contra la exdiputada de Podemos. De hecho, la falta grave de abuso de autoridad se habría cometido cuando el juez utilizó su condición de instructor para realizar actuaciones no amparadas por la investigación,
“De este modo, el magistrado habría desarrollado una investigación indebida contra la denunciante y su entorno”, señala el promotor en la incoación del expediente.
La posible comisión de una falta muy grave está en la revelación de secretos del artículo 417.12, tras la publicación en prensa de un informe redactado por Alba y remitido al Tribunal Supremo con la querella que el exministro de Industria José Manuel Soria interpuso contra la juez Rosell.
La última falta muy grave es por el incumplimiento del deber de abstención del artículo 417.8, basándose en la afirmación de Rosell de que existe una relación de enemistad de Alba hacia ella, compañera sentimental del denunciado en el proceso penal, el periodista Carlos Sosa.
La resolución ha sido ya notificada al magistrado expedientado, a la denunciante, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a la Fiscalía General del Estado. Tiene lugar en el mismo día en el que la asociación progresista Jueces para la Democracia presentara una denuncia, en el mismo sentido, ante el CGPJ.
