Los últimos intentos de la nostalgia franquista por recuperar el pasado se han ido al garete tras la decisión contundente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que ha dado respuesta definitiva y contraria a los recursos presentados contra la exhumación de Francisco Franco. Los magistrados tenían sobre la mesa los escritos en este sentido de la Fundación Nacional Francisco Franco, la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos y la Comunidad Benedictina del lugar, que durante meses se resistieron a permitir que los restos del dictador salieran de la monumental tumba en la que reposaba junto a sus víctimas.

Hasta el 1 de junio pasado, la Fundación que representa los reiterados empeños por retornar a épocas de muy mal recuerdo, ha intentado mediante escritos dirigidos al tribunal que la sala diera marcha atrás en lo que calificaban como un grave error, y que ordenara el regreso del cuerpo al mausoleo que levantaron los presos republicanos, obligados por el régimen, con beneficios para constructoras privadas y mayor gloria del generalísimo. Vano empeño. El Supremo deja clara en su resolución que el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2019 es legal y que Franco está bien sacado de su sepulcro y bien inhumado en El Pardo. Fue una jornada, la del 24 de octubre, que ha quedado para la historia con la entonces ministra de Justicia y notaria mayor del reino, Dolores Delgado, mostrando al mundo la imagen, solemne e impactante, de la dignidad de la democracia ante los vestigios de un fascismo que aun se resistía a desaparecer de la historia de España.

El franquismo, ahondaba sus raíces en la corrupción y en los intereses económicos. El propio dictador disfrutó de un patrimonio que hoy se dirime si debe volver al Estado. Está ocurriendo en estos días en el juzgado de instrucción número 1 de A Coruña, con el Pazo de Meirás, residencia de vacaciones de la familia Franco, un palacete adquirido mediante una cuestación popular, con la aportación de los buenos patriotas frente a los malos españoles, como relataban ayer ante el juez los catedráticos de historia que han buceado en lo que ocurrió en aquellos años infaustos. La familia Franco, por su parte, reclama su titularidad.

Viejas sombras que el Gobierno de coalición progresista desea continuar erradicando, para dar voz y justicia a los millares de asesinados y desaparecidos por el franquismo. El ejecutivo prepara una ley de Memoria Democrática que debe presentarse en breve para zanjar situaciones inconstitucionales y permitir además las exhumaciones que reclaman las familias de los desaparecidos, para dar reparación a las víctimas. No es extraño que a un tenebroso sector de la derecha y a la ultraderecha, les resulte urgente desalojar de la Moncloa a Pedro Sánchez.