Los Jueces y Juezas por la Democracia (JJPD) se han hartado de las prerrogativas que se otorga Mariano Rajoy Brey, y piden ahora la dimisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
Opinan, con toda la razón, que el órgano de gobierno de los jueces ha hecho causa común con don Mariano, y ha nombrado magistrados a gusto de la Moncloa. Es decir, jueces a la carta, a gusto del PP, para los casos de corrupción que afectan a ese partido.
Acusan al órgano que encabeza Lesmes de cumplir un papel determinante para seguir la hoja de ruta diseñada en el ministerio de Justicia. La finalidad es “controlar la actividad judicial relacionada con las innumerables causas por corrupción que afectan al partido del Gobierno”.
Los Jueces y Juezas por la Democracia (JJPD) señalan cómo se puso en marcha a toda velocidad la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, que revisará todas las causas una vez sentenciadas. Y que se ha completado a su gusto la sala constituida en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Una Comunidad que ha batido récords en la competición interna del PP por llevarse más dinero por delante.
En ese sentido, añaden, que no se han hecho pruebas selectivas, que la política de nombramientos es escandalosa, que se han designado a jueces recusados por su relación con los populares como Concepción Espejel y Enrique López (Audiencia Nacional) o Carmen Llombart, ahora en Valencia. La señora LLombart fue designada en su día vocal del Consejo por el Partido Popular.
Como no es novedad, otras asociaciones, como la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), guardan silencio. ¿Será por la cuenta que les trae? Pero que los jueces y juezas progresistas pongan sobre la mesa esta cuestión indica que hay un sector de profesionales de la Justicia que no está dispuesto a dejarse influir. Menos mal, que velan por nosotros.
La desvergüenza de don Mariano Rajoy Brey, del Partido Popular y de algunos compañeros de viaje no tiene límites.
