El principio de Justicia Universal tenía por objeto evitar que los crímenes cometidos contra la Humanidad pudieran quedar impunes. Tras esta definición, impecable por otro lado, se articulaba un operativo por el que cualquier Estado estaba obligado a juzgar a cualquier delincuente asentado en su territorio, independientemente de la nacionalidad del mismo y del lugar en el que se hubieran cometido los delitos que se le imputaban. No era algo distinto de la defensa de los Derechos Humanos y en ellos se hallaban inspirados, por cuanto el principio de Justicia Universal defendía la vida, abominando de todo cuanto arremetiera contra ella y no dejando que la impunidad se pudiera obtener simplemente cambiando de emplazamiento un delincuente. Los crímenes incluyen el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, la tortura, ciertos crímenes de guerra, el apartheid y la esclavitud entre otros.

Ha tenido un itinerario variopinto este principio en cuanto a su aplicación se refiere. Muchos países, por el hecho de no haber reconocido explícitamente su inclusión en el club de defensa de los derechos humanos, se excluían de su aplicación o se ponían de lado cuando afloraban casos en su territorio. En otros casos, las amnistías suscritas en los países en los que cometieron sus crímenes, como salida pactada con el pasado, soslayaban la normalización histórica y se plegaban a aceptar pasar la página del pasado. Así es, que las gentes de estos países tenían que confiar en otros Estados para que fueran capaces de tomar la iniciativa que en los suyos propios no se había sido capaz de llevar a cabo. Resulta sumamente ilustrativo el caso Pinochet. Pero no solo este caso, ya que se han dado muchos otros procesos judiciales por crímenes de genocidio, terrorismo o torturas cometidas en Argentina, Chile, Guatemala y El Salvador. Y, curiosamente, España en la que la iniciativa había resultado de eficacia probada, ahora se ve sometida a la iniciativa de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal Federal de la República Argentina, que lleva a cabo un proceso contra el Reino de España por crímenes contra la Humanidad durante el franquismo.

Muy lejos de pensar que este principio y las iniciativas que ha amparado puedan tener origen español, hay que recordar la sentencia de 11 de julio de 1996 del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya pronunciándose sobre el caso Bosnia frente a la República Federal de Yugoslavia, reconoció expresamente el derecho de los Estados a ejercer la jurisdicción universal en materia de genocidio. Pero es cierto que el principio de competencia universal no es de aplicación directa y los Estados han desarrollado dos concepciones distintas en su implementación. Por un lado los que exigen que haya un vínculo entre el Estado y el autor del crimen, lo que se traduce en que el autor de la infracción debe encontrarse, al menos, en el territorio del Estado que pretende perseguirlo. Por otro lado y en una concepción bastante más amplia, se posibilita iniciar un procedimiento aún en ausencia de la persona implicada. No hay que ocultar que en la esfera del derecho internacional, la concepción más apreciada es la más restrictiva del principio de competencia universal.

Resulta curioso ver la evolución del principio a lo largo del tiempo. La jurisdicción universal tuvo su aplicación, en su origen, a la piratería. Bien sabemos que con resultados diversos, en función del país que la albergaba. Concluida la Segunda Guerra Mundial, ya toma carta de naturaleza al reconocerse en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. Se adquiere el compromiso de promover la legislación pertinente por los que suscriben los convenios. Posteriormente, la irrupción del terrorismo aeronáutico hace que en 1970 se firme el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves y en 1979 se firma la Convención Internacional contra la toma de rehenes. La ONU propicia convenciones en el mismo sentido, como el dedicado contra la tortura en 1984 y otros posteriores. En 1998, cuando el ex dictador chileno Augusto Pinochet fue detenido en Londres, el tema de la competencia universal volvió a tomar protagonismo.

En realidad la evolución, que ha tenido momentos álgidos debido a iniciativas concretas, se ha visto, lamentablemente, salpicado por retrocesos, de forma que, actualmente, el principio de competencia universal se considera consuetudinario, desde luego el referente al enjuiciamiento de los crímenes de guerra. Como consecuencia de la presión directa, sobre todo de los Estados Unidos y la OTAN en el marco del caso Sharon en 2003, Bélgica, que había sido un adalid de la aplicación del principio, decidió limitar el alcance de la competencia universal en su legislación, lo que hace los juicios imposibles si no existe ningún vínculo directo con Bélgica. La realidad es que permanecen obstáculos y hay muchos Estados que no han introducido en su legislación nacional las necesarias disposiciones para incriminar y perseguir crímenes internacionales.

España figuraba, por méritos propios, entre los Estados en los que el principio de justicia universal se respetaba, practicaba y ejercía. Ya no. España era grande, estaba entre los más grandes y nos la han vuelto chica, pequeña, ridícula. Con los únicos votos del PP (180) a favor y todos los restantes partidos en contra (134) y mediante una proposición de ley, modificaron el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, restringiendo las condiciones en las que un juez puede investigar los delitos cometidos fuera del territorio español. La cuestión es que solamente se podrá investigar y enjuiciar delitos graves, como el genocidio, cometidos fuera del territorio nacional, pero dirigidos contra españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del delito o que su extradición se hubiera denegado por las autoridades españolas. En la práctica se archivarán 12 causas abiertas en la Audiencia Nacional, una vez que el Senado ratifique la aceptación de los cambios.

Hay motivo para estar tristes. Los pasados no cuentan para un PP salpicado de episodios protagonizados por miembros que forman parte de sus filas. Es una extraña comprensión de crímenes y abusos ajenos, que tienen algo de defensa de lo propio. Decía Ortega que la Sociedad que avanza saltando alguno de los escalones de su evolución, la Historia se lo reclama. Algo de eso nos afecta. La Transición se hizo con acuerdo, con pasar de página que, siendo imprescindible en ese momento, hoy no parece aceptable. Las cuitas es mejor aclararlas, curarlas y suturar heridas. De no hacerlo así, quedan abiertas, sin cerrar, dispuestas a emerger en cualquier momento, porque son deudas adquiridas por y en el pasado. La vida del futuro está tan condicionada a aspectos económicos actuales, como a cuestiones éticas, morales o formales sin saldar. Es difícil entrever que la Humanidad pueda avanzar si se retraen derechos, si no se aclaran abusos, si no se resarcen deudas. Reconocer el pasado y actuar en consecuencia es la única forma de pactar un futuro de convivencia.

Se están aireando motivos espurios, como la deuda en manos de los chinos y el proceso abierto, contra el exPresidente chino Jiang Zemin y el ex Ministro Li Peng por el supuesto genocidio del Tibet en los años 80 y 90 y que la Audiencia Nacional emitió una orden de busca y captura internacional, lo cual fue respondido con una queja del gobierno chino. Parece ridícula la motivación, sobre todo por la poca entidad que se otorga a un país como España. Lo cierto y verdad es que se acabó con la responsabilidad de tres militares estadounidenses implicados en la muerte del cámara español José Couso en Irak en 2003, o de cuatro guardias nazis por maltrato a supervivientes españoles en campos de concentración nazis. Se abandona el proceso por la muerte del jesuita Ignacio Ellacuría ocurrido en El Salvador en 1989. La misma suerte corren procesos por genocidio en Ruanda o en el Sáhara.

Es un día triste, muy triste. Esta España nos la están haciendo pequeña. De seguir por el camino que vamos, no cabremos, se está estrechando demasiado. Ahora, después de lo acumulado, esto. Casi no cabemos ya. No sólo perdemos derechos, sino que perdemos defensa. Y a todo esto, sin todavía poner la lupa en ese otro disparate que se está gestando que es la ley de seguridad ciudadana. Lo dicho, esto se está poniendo demasiado estrecho. Esto lo están estrechando demasiado y las costuras de este traje que nos están haciendo están empezando apretar en exceso. ¡A ver si lo de menos, va a resultar ser la crisis económica!

Alberto Requena es Presidente del Partido Socialista de la Región de Murcia