El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley Wert, con los votos exclusivos del PP y con el compromiso explícito de toda la oposición para derogarla en cuanto sea posible. Casi todos coincidimos en que la educación constituye el factor clave para cualquier estrategia de desarrollo económico y de equidad social. Por eso hubiera sido razonable acometer la ley de reforma del sistema educativo desde un mínimo consenso social y político.

No ha sido posible. Y cuando el Gobierno se queda solo en una operación de esta envergadura, la responsabilidad del fracaso no puede derivarse hacia el conjunto de los grupos de la oposición y la propia comunidad educativa. El Gobierno se ha quedado solo porque su iniciativa legislativa niega solución a los problemas reales de la enseñanza, al tiempo que incorpora un contrabando ideológico inaceptable para una sociedad moderna y mayoritariamente progresista como la española.

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