No digo yo que Felipe González acierte siempre. No tiene por qué ser un profeta, ni perfecto, ni siquiera una buena persona. Lo cierto es que gobernó este país nuestro durante muchos años, con enormes transformaciones, aciertos y errores y, lo que no se le puede negar, es que conozca bien la idiosincrasia y estructuras de nuestra democracia. En uno de los volúmenes de sus memorias, González aseguró que, en nuestra nación, se había hecho la transición en todas las instituciones y estamentos, incluido el ejército, salvo en una: la judicatura. Esto, que llamó a escándalo a muchos, porque lo es, escandaloso, se entiende, no deja de ser una verdad incontestable, por mucho que pasen los años desde los días de la transición y tras el golpe de Estado de Tejero y los suyos. No voy a entrar en el tan traído y tan llevado asunto de los presuntos indultos a los condenados por el “procés”, algunos, por cierto, por malversación de caudales públicos, como un Bárcenas o Granados más de la vida. Comprendo que hay que hacer algo por acercar posturas con el problema de Cataluña, y que el coste electoral para la izquierda en este país va a ser alto de producirse, pero, la verdad, estoy bastante de acuerdo en esto con González, Fernández Vara y García Page: no creo que se deba indultar a quien, no sólo ha delinquido, sino que, además, no ha mostrado arrepentimiento alguno. Pero al margen de este tema, y el informe en contra del Tribunal Supremo, que no es vinculante pero tiene su peso, hay otros muchos en los que la Judicatura se empeña en demostrar que no sólo no es justa, ni neutral, sino que a veces parece pre-democrática…
Sentencias como las que sobreseen o desestiman asuntos tan graves como que un grupo de importantes y condecorados militares retirados hablen de genocidio, y de eliminar a “26 millones de hijos de puta”, refiriéndose a españoles de izquierdas; que se vaya de rositas las señora Ana Botella después de haber entregado el grueso de las viviendas de protección oficial de Madrid a fondos buitres, que muchos periodistas han relacionado con empresas “amigas” de su yerno Alejandro Agag; que pase tanto de lo mismo con la expresidenta Cifuentes, y siendo la destinataria de un falso master no le pase nada y condenen a una profesora y la secretaria de la Universidad; que permitan que se retiren monumentos y nombres de calles a figuras históricas de la Segunda República española, mientras se mantienen con sus dictámenes los de asesinos, torturadores y militares franquistas, en contra de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, mientras se manda, por mucho menos, a la cárcel a “titiriteros”, “blogguers” como Casandra, que además es, “casualmente” una mujer transgénero, entre otros muchos ejemplos, parecen darle la razón a González. Da la impresión de que, en este país, a la Judicatura le pasa como al agonizante partido Ciudadanos, que para ser neutrales, cada vez que pueden demuestran que son de derechas.
El último ejemplo de esto lo hemos tenido esta misma semana cuando un juez ha dictado la detención inmediata y puesta en prisión de Juana Rivas. Recordemos que a Juana se la condenó a una pena de dos años por la que, la doctrina habitual, no teniendo antecedentes en este tipo de condenas, es no entrar en la cárcel. Pues bien, el señor juez, en contra del criterio habitual, se ha negado a aplicar esta jurisprudencia. Debe ser que, a este señor, le pesa, por la razón que sea, más su visceralidad patriarcal herida, que la aplicación de la ley.
El dilema es si la confianza de la sociedad en la Justicia puede sustentarse en sentencias que van contra el sentido común, contra lo que es evidentemente cruel e ilógico, por tanto no es Justicia. Hasta hace muy poco en nuestro país, y todavía en muchos de los que consideramos totalitarios o atrasados, la homosexualidad era/es delito, el adulterio era/es delito, etcétera. Si aplicamos el rígido sentido del cumplimiento de la ley, también la sharía en algunos países lo es, la lapidación, la cárcel o la decapitación en estos países estaría justificada por ajustarse a su “ley” y costumbres, aunque supongan una barbarie y vaya contra Los Derechos Humanos. El asunto no es banal. No es el único ejemplo escandaloso, como el de la juez, esta sí amonestada por sus compañeros, por recriminar a una mujer violada que no se resistiera lo suficiente, y no cerrara bastante las piernas ante la agresión sexual. Estas actuaciones, como las ya mencionadas de pasada, dejan a las claras que, los jueces, en su mayoría, bien por tradición familiar, por pertenencia de clase, o por la razón epidemiológica que fuese, tienden a estar muy lejos de esos seres arcangélicos, neutrales que, al margen de sus propias ideologías, a las que tienen derecho, aplican la ley y sentencian a golpe de sus propias filias y fobias personales. Peligroso y peliagudo asunto porque, siendo así ¿qué ciudadano va a confiar sus asuntos en ellos? ¿Quién va a creerse el credo constitucional de que “todos somos iguales ante la ley”? Y, siendo así, la Justicia buscará otras formas y tribunales donde impartirse…Jueces, tenemos un problema…
