No están tranquilos los fiscales ni los jueces, no. Sobre todo los que responden a las posturas más conservadoras, que son muchos y se encuentran en posiciones de poder.

Les ha revuelto, dicen, las opiniones del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias que ha resaltado cómo tribunales europeos han disentido de decisiones de sus colegas de aquí y han puesto como objetivo de combate el nombramiento de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.

Sobre Iglesias, el Consejo General del Poder Judicial redactó una nota institucional ayer apelando “a la moderación, prudencia y mesura, y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia”.

Ayer, del informe favorable del CGPJ sobre el nombramiento de Dolores Delgado, por doce votos a favor y siete en contra, se eliminó previamente el pronunciamiento sobre su idoneidad. ¿Fue una prueba de mesura? ¿Fue un movimiento táctico para evitar el rechazo?   

Cuando el Gobierno no era de izquierdas, el CGPJ pasaba bastante de las advertencias que pudieran llegarle desde La Moncloa. Es más, aún a pesar de las peticiones de asociaciones de jueces, mantuvo un absoluto silencio y no dio amparo, cuando el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, acusó al magistrado José Ricardo de Prada, considerado progresista, de estar “en sintonía con el mundo proetarra”. 

No parece que Consejo General del Poder Judicial esté en condiciones morales de enmendar la plana a nadie. Lleva durante un año largo en funciones y se ha dedicado a nombrar jueces hasta alcanzar el medio centenar, con un resultado mayoritario de asignación de puestos hacia candidatos bien vistos por la derecha. 

Sabemos de la importancia en este sector de nombrar a quienes pueden tomar decisiones más próximas a uno u otro sentir ideológico. Algo parecido ocurre con la propuesta de la Fiscal General del Estado. El ruido que se ha organizado con tal motivo se explica por el intento del PP y compañía de que se nombrara a alguien más afín y, de paso, dar caña al Gobierno.

Hay un segundo motivo que no es menor: La nueva Fiscal tiene que nombrar discrecionalmente a unos 40 cargos hasta el mes de marzo. Algunas asociaciones conservadoras temen que los designados no vayan a ser de su cuerda. Eso hace que protesten y ataquen.

Como bien saben los estrategas políticos, es más sencillo abatir al enemigo antes de que esté en su puesto que una vez que ha tomado el poder. En los escasos días desde que se anunció ese nombramiento, hemos pasado por la difusión de los viejos bulos sobre la relación de Delgado con el policía preso Villarejo, a plantear el rechazo por haber sido previamente titular del Ministerio del ramo, algo que se ha señalado como poco conveniente.

Pues mire por donde: Uno de los países que Casado y sus socios estarán de acuerdo en señalar como abanderado de la libertad y los derechos ciudadanos, Estados Unidos, tiene vigente tal aberración: el Fiscal General del Estado es, precisamente, el ministro de Justicia.  

Enric Sopena es Presidente Ad Meritum y fundador de ElPlural.com