La masacre fue en la madrugada del 16 de noviembre de 1989. Asesinaron al jesuita vasco Ignacio Ellacuría, sin dejar prueba alguna, sin que quedara un testigo vivo.  El alto mando militar salvadoreño buscaba la impunidad y los asesinos acudieron a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Junto a otros cinco compañeros jesuitas, cuatro españoles y uno salvadoreño, los sacaron de su casa, arrastraron a la empleada doméstica y a su hija, una niña de 15 años y allí mismo los mataron a todos.

Fue un intento inútil y sangriento para silenciar a un grupo de defensores de la gente humilde, y ahora se demuestra que sus muertes no han caído en el olvido. Este viernes los magistrados de la Audiencia Nacional, José Antonio Mora Alarcón, Fernando Andreu Merelles y  María Fernanda García Pérez, firmaron una sentencia histórica  condenando por esos asesinatos horribles a 133 años y cuatro meses de cárcel a Orlando Montano Morales, en aquellas fechas, coronel y viceministro de Seguridad Pública del Ejército de El Salvador.

Pero aun cuando se le considera autor del total de esas muertes, el tribunal no ha podido penarle más que por las víctimas españolas, pues Estados Unidos acordó la extradición en esos términos. La sentencia recuerda que, en 1989, El Salvador vivía desde hacía diez años un conflicto armado entre el Gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional.

Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana, se había creado enemigos poderosos por su actitud dialogante, por su defensa a ultranza de las personas, por su influencia social por su insistencia en llegar a un acuerdo político negociado entre gobierno y guerrilla, y también para depurar a las Fuerzas Armadas.

Los masacraron sin contemplaciones pero, como afirma el abogado Manuel Ollé que, junto a sus compañeros José Antonio Martín Pallín y Almudena Bernabéu, han mantenido viva la acusación, porque este juicio era un acto de responsabilidad hacia las víctimas.

“Mira Enric -me decía anoche el abogdo Manuel Ollé- ha quedado claro que fue un crimen de Estado, planificado, dirigido, organizado y ejecutado por la más alta cúpula institucional, el estamento militar y los ministros del Gobierno”. Y, añadía: “España ha dado un ejemplo a la comunidad internacional: hemos demostrado que la Justicia Universal es posible, y que es imprescindible volver a restaurarla para poder auxiliar a tantas otras víctimas en el mundo que reclaman que sus derechos se respeten y se reconozca la verdad”.

Esta herramienta legal permite perseguir el crimen desde cualquier país, en aquellos lugares en que su gobierno no lo consiente y en España sufrió sendas reformas propiciadas de inicio por el PP que atendió a presiones internacionales que la mermaron. Ollé, prestigioso jurista experto en Derechos Humanos resume así el rechazo de los poderosos: “La Justicia Universal, y esta sentencia es el ejemplo, es el instrumento último para combatir la impunidad ante la barbarie de los peores crímenes internacionales. Por eso no la quieren”. Este viernes en la Audiencia Nacional, al fin se hizo justicia.