Lo malo de algunos políticos es esa insistencia en decidir qué es lo mejor para los ciudadanos como si fueran menores de edad. Hablo de asuntos que son personales e intransferibles, como el derecho a morir con dignidad, cuando las posibilidades se agotan y la enfermedad es de tal calibre, que cada minuto en esta tierra se traduce en un largo año de agonía terrible y desesperanzada.

En esos casos tan extremos, la eutanasia supone una decisión madura y un alivio ante el sufrimiento. Pero mientras que partidos como el PSOE o Podemos, que tienen una visión progresista y ponen por delante al ser humano, consideran que cada persona tiene derecho a decidir su final si el padecimiento anula el resto de emociones, la derecha habitual no lo considera así. Ciudadanos remolonea y opta por una ley previa a la muerte digna, antes de hablar de lo siguiente. Los populares no quieren regular la eutanasia. Prometen en su programa que se extenderán los cuidados paliativos y que piensan impulsar “el uso del testamento vital”.

Ocurre que el Partido Popular ya ha tenido muchos años para trabajar en favor de estos pacientes en situación tan crítica y poco ha hecho. Ni ha mostrado buena voluntad hacia aquellas personas que necesitaban desesperadamente ayudas, asistencia, residencias… ¿O no hemos vivido con este partido el drama de millares de españoles abandonados a su suerte, sin que el Gobierno del PP se preocupara de asistirlos? Al contrario, obviaron la Ley de Dependencia mientras se dedicaban a favorecer el beneficio personal de muchos de sus militantes.

Se diría que, a lo mejor, la enfermedad es un negocio para algunos. Recuerdo al doctor Luis Montes que fue difamado e insultado de forma impresentable por la derechona y sus palmeros mediáticos, cuando trataba en cuidados paliativos a los enfermos terminales del hospital Severo Ochoa de Leganés. Dijeron de él barbaridades. El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, acólito de la ínclita presidenta Esperanza Aguirre –lo más granado del PP madrileño-  utilizó una denuncia anónima para acusarle de “400 asesinatos” en ese centro médico. La querella que tuvo que soportar fue desestimada después de dos años. Por cierto, que el tal Lamela pasó de la Comunidad de Madrid al consejo de administración de una empresa privada de gestión hospitalaria. Sobre lo que le estaban haciendo, Montes declaró en una entrevista a ElPlural.com lo que muchos pensaban: “siempre lo dijimos desde el hospital, que era una cortina para dar la entrada a la privatización, la entrada de empresas con ánimo de lucro y de alguna forma, el reparto de beneficios”. El doctor Montes falleció el año pasado. El Ayuntamiento madrileño ha puesto su nombre a una calle; hizo mucho por los enfermos. Hay que recordarle en esta polémica sobre el bien morir, que se ha abierto paso en la campaña electoral.

Enric Sopena es Presidente Ad Meritum y fundador de ElPlural.com