Redacto este artículo horas antes del primero de los dos debates televisivos entre cuatro de los principales candidatos a presidente del Gobierno en los comicios del 28-A: Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Escribo, por tanto, sin tener ni tan solo un mínimo atisbo o indicio de la influencia que estos dos debates televisivos pueden acabar teniendo en el veredicto final que las urnas nos ofrecerán el próximo domingo. Se trata, pues, de una reflexión personal sobre las polémicas decisiones adoptadas por la Junta Electoral Central (JEC) durante estas últimas semanas, y de modo muy especial respecto a la autorización o no de la celebración de debates televisivos entre candidatos.
Me resulta muy extraño que la JEC, que hace solo tres años, en los comicios legislativos de 2016, autorizó la celebración de un debate entre los candidatos de las dos principales fuerzas políticas con representación en las Cortes Generales, esto es PP y PSOE, pero con la presencia de otros dos candidatos de partidos que entonces todavía no tenían ninguna representación directa en el Congreso de Diputados ni en el Senado, Podemos y Ciudadanos, ahora haya prohibido un debate entre los candidatos de cinco formaciones políticas, las cuatro ya mencionadas con el añadido de Vox. Si en 2016 parecía evidente que PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos iban a obtener representación en Cortes, lo mismo sucede ahora con Vox; así lo indicaban entonces todos los sondeos y así fue, del mismo modo que así lo vaticinan ahora todas las encuestas y así parece que será, nos agrade o no.
¿Por qué entonces, lo que en 2016 contó con el beneplácito de la JEC es ahora prohibido por esta misma institución, garante suprema de nuestra normativa electoral? Está claro que tres años atrás especialmente Podemos pero también Ciudadanos competían sobre todo con el PSOE: Podemos desde posiciones más a la izquierda y con la reiterada esperanza del “sorpasso”, Ciudadanos con su definición de entonces como formación progresista, socialdemócrata y de centro-izquierda. Pablo Iglesias y Albert Rivera competían de modo claro con Pedro Sánchez, está claro que Podemos no se disputaba ni un solo voto con el PP y Ciudadanos rivalizaba mucho más con el PSOE que con el PP en el espacio del centro y el centro-izquierda.
Transcurridos tres años, una vez ya confirmado el paso de un sistema de bipartidismo imperfecto a otro sistema basado en el multipartidismo, y sobre todo después de la fuerte irrupción de Vox en nuestro mapa político tras su gran éxito en las recientes elecciones autonómicas andaluzas, es público y notorio que esta formación de la derecha extrema presidida por Santiago Abascal poco o nada puede inquietar a PSOE ni a UP respecto a sus respectivas expectativas de votos, pero que sí rivaliza directamente con las otras dos fuerzas de la derecha, C’s y sobre todo PP.
La consecuencia que se desprende de todo ello me parece obvia: con su decisión de 2016, al permitir un debate a cuatro, la JEC perjudicó al PSOE y benefició al PP, mientras que ahora, al prohibir un debate a cinco -incluso en unas cadenas privadas como las del grupo Atresmedia, Antena 3 y La Sexta-, la JEC perjudica de nuevo al PSOE y beneficia otra vez al PP.
