La batalla, pues, no es solo de carácter laboral. En esta batalla confrontan distintos principios ideológicos, distintos modelos sociales y distintos programas políticos. Lucía Figar, la consejera madrileña de educación, comparte los valores del liberalismo extremo que se enseñan en la factoría de ideas conservadoras FAES, presidida por José María Aznar. Estos ultraliberales interpretan los viejos axiomas de Benjamin Constant sobre la “mano ligera” y los “deberes estrictos” del gobierno al modo del Tea Party norteamericano. Libertad individual a ultranza y restricciones al entrometimiento de lo público en los ámbitos de la esfera privada, como la educación de los hijos.

Desde esta perspectiva ideológica se rechaza el uso de los impuestos de todos para sostener un sistema educativo común, doctrinal e igualitario. Figar en Madrid, como Palin en Alaska, defienden lo que llaman “libertad de elección para las familias”. Los gobiernos solo son responsables de garantizar que las familias pueden escolarizar a sus hijos allí donde consideren, en colegios religiosos o laicos, en clases mixtas o separadas, en centros bilingües o tradicionales, en proyectos pedagógicos volcados con la hípica, con el golf o con la astrología… La enseñanza pública queda relegada a una especie de servicio mínimo para los pobres, los inmigrantes y quienes no tienen otras opciones. Por eso la Comunidad de Madrid rebaja el presupuesto para la educación pública y multiplica los conciertos, las subvenciones, las desgravaciones, los cheques y las parcelas para la enseñanza privada.

Tal planteamiento se encuentra en las antípodas del pensamiento progresista, que defiende una educación pública universal y gratuita, con calidad y con equidad, bien dotada, como instrumento fundamental para la igualdad de oportunidades, para la cohesión social y para el mejor desarrollo de una sociedad conformada por hombres y mujeres realmente libres. La supuesta “libertad de elección” con la que el neoliberalismo pretende suplir a la enseñanza pública se convierte en una falacia desde el momento en el que los únicos ciudadanos “libres” para “elegir” la escolarización de sus hijos en unos u otros colegios privados son los ciudadanos adinerados. Los ciudadanos con rentas medias y bajas nunca disfrutarán de tal “libertad”, por lo que la desigualdad de partida resulta insoportable.

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