La finca de la Almoraima es un enclave de incalculable valor ecológico situado en el Parque de los Alcornocales en el término gaditano de Castellar. Los ecologistas lo definen como una Capilla Sixtina de la naturaleza. Una parte de este espacio, de algo unas 1.300 hectáreas, no pertenecía al parque natural y estaba siendo objeto del deseo y de la especulación para un Gobierno de la nación obsesionado con sacarlo a la venta para construir en pleno corazón de esta reserva un resort de lujo, pistas de polo, campos de golf y un aeródromo. La Junta de Andalucía ha respondido políticamente para poner freno a esta iniciativa depredadora que se nos quería colar con el reclamo falaz de la creación de empleo. Todo era una fachada para especular en una zona única desde el punto de vista ambiental. Se generará más puestos de trabajo con un desarrollo sostenible de la zona.

Por eso, el Ejecutivo que preside Susana Díaz ha iniciado el proceso para ampliar el Parque de Los Alcornocales. Se incrementará la superficie protegida de este espacio natural en una unas 6.000 hectáreas, en terrenos localizados en las fincas La Alcaidesa, Majarambú, La Almoraima, Botafuegos, Pinar del Rey y Guadalquitón, entre otros. Con esta decisión, quedará dentro del parque un 10% de la superficie de la finca La Almoraima que está fuera de este espacio natural protegido. El objetivo es preservar este patrimonio natural e impedir el desarrollo de proyectos especulativos que pondrían en riesgo esta reserva natural.

Este acuerdo se justifica por muchas razones:
Por valores ambientales: estamos ante el mayor exponente del bosque mediterráneo
Por argumentos jurídicos: el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque aprobado en 2004 mandataba a su revisión a los 10 años de vigencia. Y así se está haciendo.
Por demanda social: la Junta Rectora del Parque ha pedido en numerosas ocasiones la ampliación de la superficie.

La nueva planificación se desarrollará dentro de un amplio proceso participativo. Se contará con las aportaciones de los sectores socioeconómicos y de la comunidad científica. Mientras que se esté tramitando la ampliación, de forma cautelar no se podrán realizar actuaciones que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica del parque natural, según recoge el artículo 22 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Sin embargo, sí se mantendrán las actividades agrarias, ganaderas, forestales, cinegéticas y de turismo sostenible que se desarrollen en su ámbito. La decisión de la Junta se traduce en protección ambiental, futuro y posibilidad de desarrollo y empleo.