Con la llegada de septiembre comienza el nuevo curso político. Pujol, la consulta separatista, las elecciones municipales y regionales y, la reforma electoral son, entre otros, los temas candentes que nos tendrán entretenidos los próximos meses. La propuesta planteada por las filas peperas para la elección de los alcaldes no podía pasar de puntillas para los ojos de la crítica. La medida está fundamentada, en palabras de la derecha, como instrumento necesario para impedir la proliferación de la corrupción. Corrupción, valga la redundancia, sobrevenida por los pactos postelectorales entre grupos políticos de distinto signo. Esta razón ha sido cuestionada por El País, tras publicar ayer, el sondeo realizado por Metroscopia. Según esta empresa de sondeos "de los 98 mayores Ayuntamientos de de España, sólo 13 están dirigidos por Gobiernos de coalición y, entre estos, solo uno está afectado por un caso corrupción", luego – estimados lectores y lectoras – el argumento esgrimido por Rajoy para cambiar las reglas de juego está más cerca de intereses partidistas que de higiene democrática.

Si observamos la secuencia de los hechos, la medida de don Mariano – la reforma electoral del régimen local – ha sido propuesta justo después de las elecciones europeas; tras conocerse los resultados electorales de las mismas y, tras digerir que un millón dos cientos mil votantes se inclinaron por nuevas fuerzas políticas afines a la izquierda, poniendo en jaque el bipartidismo acostumbrado de los últimos treinta años. La victoria de Podemos, o dicho en otros términos, la extrapolación del escenario europeo a los pueblos españoles supondría, para desgracia de algunos, que los incipientes de la parrilla se hicieran con las llaves de sus castillos. El miedo a la sangría en tan probable contienda ha puesto nerviosos a las filas de la derecha. Tanto es así que bajo la rúbrica"regeneración democrática" el Pepé quiere cambiar las reglas de juego para que en las próximas elecciones de mayo gane la lista más votada. Gane la lista más votada, o dicho más claro, gobiernen las mayorías simples sin oportunidad de pactos postelectorales, hasta ahora democráticos. Así las cosas, la nueva "bofetada" que se cocina en La Moncloa nos sitúa a las puertas de los modelos "a una vuelta" americanos. Modelos basados en distritos uninominales y sistemas electorales bipartidistas por las consecuencias de la Ley Duverger.

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