Sea cual sea el resultado de la votación de la moción de censura presentada por el PSOE contra Mariano Rajoy, tanto este como su partido, el PP, han entrado ya en un estado agónico. La primera sentencia del caso Gürtel, que aún no es firme pero sí es muy contundente tanto en las elevadas penas de prisión impuestas a casi todos los acusados como al condenar al propio PP como partícipe a título lucrativo de este sistema de corrupción institucional, ha abierto una crisis política sin precedentes en nuestro país. Una crisis política muy grave, que se añade al gran conflicto de Estado planteado por el desafío secesionista del independentismo catalán y que se extiende a las muy duras consecuencias sociales de una crisis económica y financiera todavía irresuelta, al menos para la inmensa mayoría de la ciudadanía española.
El inveterado quietismo de Rajoy ha quedado al descubierto. Esta sentencia ha sido como una gran piedra lanzada sobre un inmenso lodazal de corrupción sistémica y tentacular que afecta al conjunto del PP desde hace cerca ya de treinta largos años. Un “eficaz y auténtico sistema de corrupción institucional”, como define la sentencia antes citada, a cargo de “una organización criminal”, como sostienen otras resoluciones judiciales.
Poco o nada importa ya las ocurrencias o excusas que Rajoy y el PP puedan dar. Hay una muy amplia mayoría ciudadana a favor de la moción de censura, incluso si para que la iniciativa socialista prospere se requiere el voto favorable de nacionalistas e independentistas. Se trata de una mayoría transversal que solo tiene un único objetivo inmediato, coincidente en todo con la propuesta de alternativa de gobierno presentada por Pedro Sánchez: tras el constitucional y democrático desalojo del poder de Rajoy y de su partido, un gobierno socialista puede contar con la mayoría parlamentaria suficiente para abolir las leyes que el PP impuso desde su antigua mayoría absoluta, recuperar algunas libertades perdidas, poner en práctica un conjunto de medidas económicas y sociales en beneficio de los sectores más golpeados por la crisis y establecer los puentes de diálogo necesarios para conseguir la necesaria convivencia libre, ordenada y pacífica, claro está que siempre desde el estricto respeto a la legalidad constitucional de nuestro Estado democrático de derecho pero también desde la voluntad política.
Ante una crisis política e institucional tan grave como la actual, ninguna fuerza política puede pretender mantenerse en una engañosa equidistancia. Todos y cada uno de los grupos parlamentarios representados en el Congreso de los Diputados, desde los más antiguos a los más modernos, desde los más grandes a los más pequeños, todos ellos sin excepción se verán obligados a comprometerse con sus votos. Todos aquellos que voten en contra de la moción de censura a Rajoy, e incluso aquellos que se abstengan, se convertirán en cómplices de la continuidad en el Gobierno de España de un partido definido ya como “organización criminal” y que se fundamenta en “un eficaz y auténtico sistema de corrupción institucional”. Unos serán cómplices activos, otros serán cómplices pasivos. Mientras, Mariano Rajoy seguirá con su lenta agonía política. Una lenta agonía que afecta ya al conjunto del PP, aunque este partido puede recurrir todavía a alguna operación de emergencia, sin duda previa alguna amputación traumática, que evite que la gangrena se propague hasta la consunción final.
