“Grave intromisión en la independencia judicial”. Así califica la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia la decisión de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial que este lunes decidió “impedir que el magistrado José Ricardo de Prada siga formando parte del tribunal que acaba de resolver por sentencia la primera pieza del caso Gürtel”.
Ese acuerdo fue cuando menos reñido. De los ocho miembros de esa comisión, cuatro votaron a favor de que el juez concluyera su trabajo y otros cuatro se opusieron. Ganaron estos últimos porque el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, hizo efectivo su voto de calidad.
Se trataba de decidir si de Prada debía o no resolver las situaciones de ingreso o no en prisión provisional de los acusados, y otras cuestiones derivadas de la sentencia, por los jueces que la han elaborado, en este caso durante dos años.
Es evidente que ese empate apunta a que el tema no estaba claro cómo ha pretendido el Consejo General del Poder Judicial. La Asociación añade que “la garantía constitucional del juez legal alcanza a la determinación de las personas concretas encargadas de juzgar. En este caso, quienes integraron el tribunal que ha enjuiciado y decidido el asunto”. Añaden que es esa garantía la que el CGPJ “ha vulnerado en un tema tan sensible”.
Es evidente, que el Consejo General del Poder Judicial no es el poder judicial. Su función es el gobierno de los jueces, pero no ejercerlo
Los tres jueces que juzgaron la primera parte de la trama Gürtel tenían este mismo lunes que decidir medidas cautelares respecto a los condenados y resolver los recursos de sus defensas. “Estas son incidencias íntimamente vinculadas a la sentencia que solo debe decidir el tribunal predeterminado por ley, el que ha juzgado y fallado”, confirma la asociación judicial.
A de Prada le sustituyó para resolver estas cuestiones la magistrada María José Rodriguez Duplá, que en coincidencia con el talante conservador de su colega Ángel Hurtado, ha provocado que el ecuánime Julio de Diego que -según comentan fuentes jurídicas- no tuvo más remedio que ceder.
La Asociación de juezas y jueces ha manifestado que la decisión del Consejo “es cuestionable constitucionalmente” y “erosiona aún más la imagen de independencia e imparcialidad de los tribunales ante la sociedad, en los casos de corrupción pública.”
Considera que el propio órgano sale deteriorado en su legitimidad “cuando se injiere de esta manera en la composición de la sala, alimentando las sospechas de parcialidad partidista”.
Y es que, es evidente, que el Consejo General del Poder Judicial no es el poder judicial. Su función es el gobierno de los jueces, pero no ejercerlo. Y por lo que denuncian estos profesionales, lo que ha pasado aquí es que Lesmes y sus colegas de voto han metido mano en ese poder judicial por cuya independencia deben velar.
