Algo más de un millón de ciudadanos de Cataluña, esto es cerca del 30% de la audiencia, siguieron el pasado domingo por la noche, en horario de “prime time”, la entrevista que el director de TV3, Vicent Sanchis, le hizo en Berlín al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Durante más de una hora el principal líder del movimiento independentista catalán, huido de la justicia española desde hace ya varios meses, se explayó a su gusto, con la enésima repetición de sus argumentos y proclamas secesionistas. Una vez más, mucho ruido y pocas nueces. No obstante, hay algo que conviene constatar y que nadie puede negar: la “dictadura” del Reino de España no puso impedimento alguno a la emisión de una entrevista que en muchas otras democracias de nuestro entorno europeo sería considerada pura y simplemente un acto de lesa traición. Y dicha entrevista se emitió en una televisión pública, pagada por todos los contribuyentes y que se encuentra intervenida por el Gobierno español a causa de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La desmesura se impone en un bando y otro. Los salvapatrias, poco importa cuál sea la patria que pretenden salvar cada uno de ellos, no admiten ni toleran ningún tipo de matices. Solo les sirven los grandes brochazos de un único color, las afirmaciones categóricas, las negaciones rotundas, las condenas inquisitoriales más duras. Malditos sean todos los posibles moderados, porque su tibieza es un signo más que evidente de su deslealtad, de su traición. Política de tierra quemada, de ruptura de todos los puentes, de enfrentamiento cainita, tanto entre los propios catalanes como entre gran parte de estos y gran parte de españoles.

Se trata de un conflicto y se nos exige a todos tomar partido claro por un bando u otro, aunque uno no esté de acuerdo ni con unos ni con los otros

Que nadie se atreva a vacilar o a dudar, y mucho menos aún a cuestionar algún dogma o artículo de fe. Que nadie ose, por ejemplo, decir que entre los días 6, 7 y 8 del pasado mes de septiembre la mayoría parlamentaria independentista dio simplemente por abolida la Constitución española vigente y abolió también el asimismo vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña. Que nadie se atreva ni tan solo a insinuar que considera injustificadas o desproporcionadas las órdenes de prisión provisional preventiva que afectan a cerca de una decena de dirigentes políticos y sociales independentistas, y aún menos a cuestionar si realmente hubo o no violencia por parte de los sectores secesionistas, o a disentir rotundamente de la consideración como terrorista de algunas acciones violentas de desobediencia.

Se trata de un conflicto y se nos exige a todos tomar partido claro por un bando u otro, aunque uno no esté de acuerdo ni con unos ni con los otros, a pesar de compartir en parte las razones, los motivos e incluso algunos de los objetivos de unos y otros. Considerar que no hubo ni hay constancia cierta de la existencia de un delito de rebelión, pero sí tal vez de conspiración para la rebelión o de sedición, es motivo más que suficiente para pasar a ser condenado a la hoguera por ambos bandos.

Como lo es también denunciar que todo cuanto sucede en la actualidad solo es la consecuencia lógica de seis interminables años de absoluta y nefasta inacción política por parte del Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy pero que también viene motivado por la total intransigencia del Gobierno de la Generalitat, presidido primero por Artur Mas y luego por Carles Puigdemont.

No, por desgracia no hay posibilidad alguna para ningún matiz, y todavía mucho menos para la crítica. Se trata de una extraña suerte de guerra de religión, en la que la simple duda es motivo más que sobrado para la excomunión.

Se habla mucho del supuesto exilio de los dirigentes políticos independentistas que, con Carles Puigdemont a la cabeza, huyeron de la justicia española y viven ahora en distintos países europeos. Pero nadie habla del exilio interior que existe ahora en Cataluña. El exilio interior que vivimos todos los ciudadanos de Cataluña que no somos de ninguno de los dos grandes bandos enfrentados en este conflicto, que creemos que desde nuestra condición de demócratas debemos defender el Estado de derecho, vigente por suerte desde 1978 en España, y que al mismo tiempo consideramos imprescindible y urgente que ambos bandos cesen de una vez por todas las hostilidades e inicien algún tipo de diálogo, de negociación, de transacción, sin condiciones previas que no sean otras que las del cumplimiento de la ley pero sin abusar de la propia ley, es decir ni contra la ley ni solo con la ley.

Desde este exilio interior, desde esta Cataluña con voluntad sincera de diálogo y pacto, aunque sea asumiendo las acusaciones cruzadas de traición que recibimos de los fundamentalistas de ambos bandos, pido que al menos acabemos con lo que llevamos sufriendo desde hace mucho, excesivo tiempo: mucho ruido y pocas nueces.