Los socialistas catalanes sufren en primera persona y con horror las consecuencias de la división del país mientras sus colegas de Ferraz observan la situación desde la atalaya teórica de que la derrota de los soberanistas es la única hipótesis contemplable y si pudiera ser la desaparición mejor que mejor. Los unos saben que la fuerza del independentismo es una realidad socialmente establecida por eso predican la reconciliación, mientras los compañeros federales deben pensar que es un maldito suflé al que solo cabe aplicar el escarmiento legal.
Las verdades solemnes suelen temblar cuando se leen a la luz de la realidad. Eso les pasa también a los legitimistas del independentismo, aquellos que asumieron mal el desastre de octubre (o que lo interpretaron como una victoria), y que ahora, ante el cúmulo de problemas de Catalunya (155, procesados, presos preventivos, huidos) se resisten a solucionar la parte (la recuperación del gobierno y la caída del 155) hasta que pueda solventarse el todo: el retorno del legítimo presidente de la república. Artur Mas ha levantado la voz para desmarcarse de esta estrategia, como ERC y PDeCAT, pero el entorno propagandístico del movimiento insiste en el todo o nada.
Algunas incluso lo argumentan en formato optimista, como la nueva presidenta de ANC, Elisenda Paluzie, para quien la situación de bloqueo institucional favorece a Catalunya y perjudica al Estado español, quien se supone será derrotado, pronto, por la presión internacional, liderada por la ONU. Ciertamente, los partidos independentistas no han favorecido en ningún momento la divulgación de los males administrativos atribuibles a la intervención del gobierno catalán por parte del gobierno del PP, ni tan solo han convocado un pleno en el Parlament para subrayar y analizar la parálisis que implica en la toma de decisiones y las consecuencias de futuro que va a tener esta pérdida de tiempo político.
Hacerlo, daría alas a la reclamación de quienes urgen la investidura de un presidente posible y la formación de un gobierno para forzar la retirada del 155. De los factores de anormalidad que paralizan a Catalunya, el único que está en la mano del Parlament de solventar en cuanto quiera es este. El resto corresponden al poder judicial, que por muy criticables que se intuyan sus decisiones difícilmente van a corregirse por la presión de la cámara catalana o la de los CDR en las calles.
Los dos estados de ánimo del independentismo son innegables, de la misma manera que las posiciones de Miquel Iceta respecto al conflicto (conciliación, gobierno de concentración, indulto) casan cada día peor con las posiciones de los portavoces del PSOE, siempre muy activos para contrariar a los socialistas catalanes a los treinta segundos de cualquier formulación que no responda al criterio frontista, contra el que combaten los diputados del PSC en el Parlament. El acercamiento de PSC y Comuns en la propuesta de gobiernos transversales para salir del pozo negro de la falta de acuerdo entre las familias independentistas no es bien recibido en Madrid porque rompe el consenso del 155 del que el PSOE participa de forma entusiastica, arrastrando al PSC hasta devastar su credibilidad.
Iceta y Domènech saben que la única concentración posible es la de los partidos del catalanismo político y no se llaman a engaño, la fórmula tiene muy pocas probabilidades de concretarse, es sencillamente una puerta abierta a la moderación de ERC y a su renuncia a la unilateralidad. Un eventual éxito que debe saber a poco a los que creen que el independentismo desaparecerá gracias al juez Llarena.
