Las previsiones de lluvia para el primer trimestre del año no son para nada optimistas. Según la mayoría de los servicios meteorológicos que elaboran modelos para nuestro país, en el mejor de los casos las precipitaciones en España se situarán en la media o ligeramente por debajo, lo que impediría una recuperación de las reservas de nuestros embalses.

Pero algunas de esas previsiones alertan sobre la posibilidad de que llueva incluso menos que en el primer trimestre de 2017, lo cual supondría un auténtico desastre. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) el pasado año fue extremadamente seco, situándose como el segundo con menos lluvias desde 1965.

Por todo ello uno de los factores que va a resultar determinante para atender a las diferentes demandas de agua potable, incluido el abastecimiento urbano, es el de la gestión del servicio.

El acceso al agua potable y de saneamiento es un derecho humano reconocido por la ONU. El agua es un recurso natural que nos pertenece a todos y al que todos debemos tener garantizado el acceso. Pero ese derecho no puede entrar en conflicto con el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano, tal y como reconoce nuestra propia Constitución en su artículo 45.

Para ello las administraciones locales deben procurar que el abastecimiento a los municipios  se realice con el menor impacto en el medio ambiente, garantice el correcto mantenimiento de los ecosistemas acuáticos y preserve las reservas naturales de los acuíferos. Por todo ello el servicio municipal de aguas debe quedar al margen del oportunismo político, del populismo y la demagogia. Especialmente en tiempos de escasez como los que estamos viviendo.

El acceso al agua potable y de saneamiento es un derecho humano reconocido por la ONU

Ante un período de sequía tan severo como el que enfrentamos y ante las previsiones de que la situación se agrave, la gestión del servicio de aguas no debería enfrentar a los grupos políticos sino unirlos para garantizar el acceso de todos al agua y eludir el horizonte de las restricciones, algo que pondría a los propios políticos en la situación más incómoda ante los ciudadanos.

De lo que se trata ahora es de reactivar los mecanismos que garanticen la máxima eficacia de los servicios de abastecimiento de agua urbana, unos servicios que especialmente ahora deben basarse en el conocimiento compartido, el perfecto conocimiento de la gestión en base a la experiencia, la aplicación de los mejores recursos humanos y tecnológicos, la capacidad de innovación, el talento y el trabajo en red.

En palabras del profesor Ramón Tamames, de lo que se trata es de “mantener los niveles de inversión para asegurar el buen funcionamiento de los servicios públicos y mantener los máximos niveles de eficiencia, todo ello con el único propósito de garantizar la mejor calidad del servicio al ciudadano”.

Por el contrario, una mala gestión del agua como consecuencia de un cambio que atienda a intereses partidistas podría poner en riesgo su funcionamiento, lo que dejaría en suspenso el derecho de los ciudadanos a uno de los servicios municipales más básicos: el del acceso cómodo y garantizado al agua potable.