Hasta ahora, El Plural ha desvelado la asistencia del juez Juan Pablo González a cuatro cursos FAES, donde coincidió con un imputado en Gürtel, así como su meteórica carrera a la sombra del Partido Popular. También sus polémicas actuaciones a lo largo de estos años, por lo que ahora hablaremos de lo qué viene en el futuro. Porque González fue nombrado in extremis como juez y redactor de la sentencia de cuatro piezas fundamentales del caso Gürtel, desplazando a jueces que, a priori, son más incómodos.
Sin duda, la piedra de toque del caso Gürtel por lo que implica para el Partido Popular, la formación que gobierna el país y a la que tan cercano es González. En esta pieza se investiga la presunta financiación irregular del PP a través de la contabilidad paralela que Luis Bárcenas, tesorero del partido, anotó entre 1990 y 2009.
Una contabilidad manuscrita que los peritos han certificado que llevaba años escribiéndose, y que no era una invención apresurada, como desde el PP llegó a insinuarse. Y unas anotaciones que probarían los presuntos sobresueldos, muchos en dinero negro, que la contabilidad paralela del partido habría pagado a los dirigentes del PP. Y que en muchos casos podrían haber supuesto incompatibilidades con cargos públicos como en el caso de los ministros de Aznar.
De hecho, toda la maniobra que ha llevado a González a juzgar las piezas de Gürtel viene precedida del llamamiento a Mariano Rajoy como testigo en el primer juicio. Es difícil que la escena se repita tras los cambios de jueces, pero con el mismo tribunal hubiera sido imposible no citar al presidente del Gobierno para que explicara los pagos de hasta 373.000 euros a un tal M. Rajoy que aparecen en los papeles de Bárcenas.
En el juicio oral que, si nada lo impide, tendrá que sentenciar González, está acusado Luis Bárcenas por su etapa de tesorero, así como el exgerente del PP, Cristóbal Páez y los dueños de la empresa Unifica, que realizó la reforma de Génova cobrando en negro, por lo que se les atribuye, entre otros delitos, el de pertenencia a organización criminal. Y, como guinda, el PP será juzgado como responsable civil subsidiario, por lo que se le exigió una fianza de 1,2 millones de euros.
Otro de los asuntos más espinosos de la Gürtel, por lo que supone para la imagen ideológica del PP haber usado la visita de Benedicto XVI a Valencia en 2006, para beneficiar a la trama Gürtel. Y no sólo ellos, porque en este caso también está encausado el todopoderoso Juan Cotino. El que fuera presidente de Les Corts con el PP es colocado por la Fiscalía en el centro del grupo que se coordinó para “apoderarse directamente de los fondos públicos” y se piden para él hasta 11 años de prisión.
En ese “grupo” coordinado también está Pedro García Gimeno, presidente entonces de la radiotelevisión valenciana, que se iba a encargar de vehículo para la presunta sustracción de dinero público. Para él se piden 40 años de prisión. Y cierran el círculo los tres presuntos cabecillas Gürtel: El Bigotes (37 años), Pablo Crespo (37 años) y Francisco Correa (38 años).
Para llevarse el botín, según el relato de la Fiscalía, la televisión valenciana dio un contrato de 7,4 millones a la empresa Teconsa, una constructora sin ninguna experiencia en eventos como una visita papal. Aunque estaba prohibido, esta empresa derivó 3 millones a subcontratar a la Gürtel para que montara megafonía y pantallas gigantes. En un evento en el que el Gobierno de Francisco Camps derrochó a diestro y siniestro –un altar de 1,5 millones para Benedicto XVI o 3,2 millones en urinarios para los visitantes-, apenas se notó que la Gürtel se repartió 3,4 millones de euros en comisiones y mordidas.
[[{"fid":"26544","view_mode":"ancho_total","fields":{},"type":"media","attributes":{"style":"font-size: 1em;","class":"img-responsive media-element file-ancho-total"}}]]
El caso Jerez ha traído de cabeza al Partido Popular desde hace años, como se ha visto en sus esfuerzos para proteger a la principal señalada, la exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz). María José García Pelayo, dos veces regidora de la localidad, era sospechosa de estar detrás de los contratos a la trama Gürtel para organizar el stand en la Feria de Turismo FITUR y un evento en la Plaza Mayor. Contratos que estaban ya repartidos antes de hacer el expediente.
Tras destaparse el caso, García Pelayo, que forma parte del Comité Ejecutivo nacional del PP, fue colocada como número dos en las listas de Cádiz al Senado y se aseguró el escaño en los comicios de 2011, así como el aforamiento ante los Tribunales. A los siguientes comicios, se repitió jugada, pero en el Congreso de los Diputados, donde llegó como diputada por Cádiz en 2015. Y, entre medias, fue colocada en la Diputación Permanente para evitar que perdiera el blindaje judicial.
Una jugada útil porque finalmente, García el Tribunal Supremo, el único juzgado que podía investigarla, archivó su causa. Decía el juez responsable que había “datos abrumadores” de que los contratos se habían con “un fuerte aroma a irregularidades, tráfico de influencias o decisiones opacas y, dicho castizamente, caciquiles”. Pero que la entonces alcaldesa no tenía por qué saberlo cuando los firmó. Menos suerte tienen Correa y Crespo, que afrontan aquí 7 años y 9 meses de cárcel, pero sobre todo cinco funcionarios que sí cargan con la responsabilidad de los contratos irregulares.
Un caso con menos peligro, porque apunta más a la etapa de José María Aznar y porque la cabeza más visible, la del exministro Francisco Álvarez-Cascos, ya fue exculpada cuando se cerró la instrucción. Sin embargo, se habla de una administración gobernada por el Partido Popular que habría concedido 2,3 millones de euros de dinero público a la trama Gürtel en adjudicaciones irregulares.
En este caso, la Fiscalía pide ocho años para el exdirector de Comunicación del ente público aeroportuario Ángel López de la Mota y para su subordinado José María Gavari. Aquí tampoco se libra Francisco Correa, quien afronta una petición de 10 años de cárcel. En esta ocasión, le acompañará el contable de la trama, José Luis Izquierdo, para quien se solicitan siete años de cárcel.
