El monte en Galicia no se está quemando: lo están quemando. Casi tres cuartas partes de los incendios son intencionados. En poco más de un par de décadas los incendiarios han calcinado una superficie equivalente a la provincia de Orense. Los delincuentes incendiarios, la corrupción en la contratación pública y la incompetencia de los políticos estarían entre las principales causas no naturales de los incendios. 

Conviene en este primer punto diferenciar entre pirómano e incendiario. El pirómano es un enfermo, padece un desequilibrio mental que le hace disfrutar de las llamas. El incendiario es un delincuente que actúa por afán de lucro o para causar daño. No confundamos a unos y a otros.

En Galicia tienen identificados a cerca de 170 delincuentes de este tipo: solo tres de ellos están en la cárcel. Al resto se les tiene bajo vigilancia, pero no es posible aportar las pruebas necesarias para que la justicia pueda meterlos en prisión. Sin embargo, pese a ese aparente control, el pasado domingo ardían a la vez 132 incendios en Galicia que causaron la irreparable pérdida de cuatro vidas humanas y se adentraron en ciudades y pueblos provocando un escenario infernal.

Pero los delincuentes no son tan solo los que prenden las llamas. También existe una leyenda negra en torno a un posible cártel del fuego que estaría operando en varias comunidades autónomas, incluida Galicia y que en algunos no dudan en asociar al origen de los incendios.

Las investigaciones al respecto se centran en las irregularidades en la adjudicación de los contratos públicos para la extinción de incendios. Desde concursos manipulados con sobrecostes pactados para la compra de material, hasta reparto de zonas de actuación para eludir la competencia entre las empresas que formarían parte de la organización. Los casos de corrupción coinciden tanto en el modus operandi que se están investigando como causa conjunta en los tribunales.

Galicia tienen identificados a cerca de 170 delincuentes de este tipo: solo tres de ellos están en la cárcel

Y otra causa sería la incompetencia política. Porque como bien dice el dicho los fuegos se apagan en invierno, con medidas previsoras y planes de prevención. Pasar de una política de  emergencias a una verdadera política de prevención: ese es el reto. La emergencia es apagar el fuego. La prevención es evitarlo. Los presupuestos en prevención se han reducido a la mitad en las CCAA más afectadas por el fuego: los destinados a extinción han aumentado.

Parecería como si lucir los últimos helicópteros bombarderos, los más modernos hidroaviones y el resto de medios para apagar las llamas resultara más rentable desde el punto de vista político que apoyar el trabajo diario de los agentes medioambientales, de los equipos de vigilancia o de los encargados de planificar una política forestal contra el fuego. Esto último no luce en los medios, lo primero sí: abre todos los informativos y provoca el aplauso.

Si no se dota de más medios a la vigilancia del monte y la investigación de los incendiarios, si no se acomete una reforma del código penal que permita a la justicia castigarlos de manera mucho más severa y en verdad disuasoria, sino se erradican las irregularidades en la contratación de los servicios de extinción y si no se avanza hacia una política forestal mucho más eficaz en la lucha contra el fuego, tendremos más y peores incendios, agravados además por los efectos del cambio climático.