La Guardia Civil ha puesto negro sobre blanco la existencia y el funcionamiento de la caja B del Partido Popular de Madrid en la época de Esperanza Aguirre para financiar sus campañas electorales de 2007 y 2011, así como las generales del PP en 2008. Lo ha hecho a través de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO), al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, y que fue entregado al juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, dentro del marco del Caso Púnica, el pasado martes 17 de octubre.

En dicho documento, y a través del ejemplo de la empresa de comunicación Laboratorio de Almagro, la Guardia Civil prueba la existencia de esta caja B con la que “el Partido Popular de Madrid habría sufragado gastos electorales” en los años 2007, 2008 y 2011 – dos autonómicas y unas generales- “recurriendo a procedimientos ajenos a los legalmente previstos incluyéndose pagos en efectivo de procedencia desconocida”.

A lo largo del informe se desgranan “numerosos elementos probatorios” que constatan esta financiación paralela. Dos muy importantes son, por una parte, las contabilidades al margen de Francisco Granados, con la “agenda intervenida en su domicilio”, que registraba “la entrega de fuertes cantidades económicas por distintos empresarios con destinos al Partido Popular de Madrid”, y por otra, “el archivo contable denominado día a día que le fue intervenido el gerente del partido Beltrán Gutiérrez”. Ambas pistas llevan a la empresa Laboratorio Almagro 36 como proveedor de servicios en las campañas electorales

La agenda de Granados permite a la Guardia Civil llegar a la “constatación de una caja B para abonar “gastos de la campaña electoral autonómica del año 2007 la cual ascendía a una cantidad de 1.014.375 euros que fueron empleados en el pago de facturas de muchos proveedores”.

Por otra parte, en el registro de Gutiérrez “en relación a la campaña electoral autonómica de 2011” también aparece mencionada como proveedora “la empresa Laboratorio de Almagro 36”, con diferentes nombres como “Almagro, Almagro Pro y Almagro Vid” a la que se factura “un importe total de 1.209.829 euros”. En esta contabilidad, la Guardia Civil señala que “también aparecen consignaciones contables inherentes a una caja B de dinero en efectivo” que asciende “a la cantidad de 1.546.000 euros” para pagar la campaña de 2011.

Una de las pistas que corroborarían esta caja B es que la empresa Laboratorio de Almagro había facturado al PP, en 2011, año de elecciones, un total de 1.209.829 euros, mientras que se declararon como gastos electorales “únicamente la cantidad de 217.204 euros” y después no se registró ningún pago desde las cuentas bancarias legales del PP.

Otra de las pistas que desgrana la UCO es el hecho de que dos meses después de las elecciones, Marcelino Luis Elosúa y Mª Luisa Madariaga, el matrimonio propietario de Laboratorio de Almagro, fuera pillado por la policía en la frontera francesa, volviendo de Suiza con “200.000 € en efectivo ocultos en billetes fraccionados en un vehículo turismo”. Ambos fueron sorprendidos “con una importante cantidad de dinero en efectivo oculta en el vehículo en el que viajaban por carretera desde Suiza a España”, explica la Guardia Civil, subrayando la “inequívoca proximidad temporal con la supuesta comisión de los hechos delictivos”.

Otra pista más es “el contenido de las aplicaciones de mensajería instantánea halladas en el terminal telefónico de Beltrán Gutiérrez” que “avalan también el manejo de fondos de procedencia opaca en conversaciones mantenidas con un destacado proveedor de datos de campaña”.

La última pista, además, vincularía la financiación irregular del PP de Madrid con adjudicaciones de dinero público de la Comunidad de Madrid. En concreto se habla de una campaña institucional de la Consejería de Economía y Hacienda en 2011, justo antes de las elecciones autonómicas, a la empresa “Thinking Forward Spain”.

Esta empresa, tras la adjudicación, compraría diversos materiales a Laboratorio de Almagro 36. Lo llamativo es que dicha factura ascendería a 17.200 euros, con lo que la empresa sospechosa “recibe un 60% de los beneficios de un contrato público sin haber sido adjudicataria del mismo y sin haber sido subcontratada para su ejecución”. Por cierto, la campaña institucional en cuestión era de ética fiscal, para “informar a todos los madrileños de los beneficios y servicios que obtienen de la Comunidad de Madrid por cumplir con sus obligaciones tributarias en la Comunidad de Madrid”. Una ironía captada por la Guardia Civil, que subraya la frase en el original.