El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha iniciado una caída al vacío de consecuencias por ahora todavía imprevisibles. Lo ha hecho con su extraña declaración en la que ha proclamado la independencia de Catalunya. Califico de extraña esta declaración no solo porque, al menos según parece, por el momento se trata de una proclamación secesionista únicamente a plazos o en diferido, sino porque al declararla ni tan siquiera ha seguido la normativa prevista al respecto por el mismo independentismo, por muy ilegal que fuese dicha normativa.
A buen seguro que las consecuencias de la decisión del Parlamento de Catalunya de este 10 de octubre no serán positivas para nadie, ni tan siquiera para el propio presidente Puigdemont ni para su gobierno, ni para la inmensa mayoría del movimiento secesionista que le apoya. Unas consecuencias que no serán en modo alguno positivas, y que en realidad no lo son ya, para el conjunto de la ciudadanía catalana, escindida en dos mitades enfrentadas a todos los niveles y cada vez más angustiada por su futuro colectiva.
Tampoco serán ni son unas consecuencias positivas para el resto de la sociedad española, que asiste perpleja, preocupada y atónita a este grave conflicto institucional, político, social, económico y cultural. No serán unas consecuencias positivas tampoco para Europa, y en concreto no lo serán para la Unión Europea, que de una manera reiterada ha dejado muy claro que en ella nada es posible ni lícito fuera o en contra de la legalidad constitucional propia de cualquier Estado democrático de derecho.
Por mucho que se haya esforzado en intentar matizarlo con toda clase de eufemismos, el presidente Puigdemont ha dado el paso final y definitivo, el de la caída al abismo. Ahora ya no hay posibilidad alguna de una vuelta atrás. Porque la legalidad democrática no puede quedar jamás amenazada por un quebrantamiento anunciado, es decir a plazos o en diferido.
La catalanidad democrática ha quedado ahora profundamente alterada y afectada. El catalanismo político, que en toda su historia había sido integrador e incluyente, plural y diverso, ha quedado malherido, muy tocado, aunque espero y deseo que no hundido. Tan solo cabe esperar que se imponga ahora un mínimo de sensatez y mesura, al menos por parte del Estado.
No obstante, mucho me temo que no será así. Mucho me temo que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy se empeñará en humillar y vejar a los vencidos, porque vencidos son, en definitiva, los que se han situado indefectiblemente fuera de la ley, aunque sea en diferido o a plazos. Mucho me temo que nos veremos obligados a volver a salir a las calles y plazas de Catalunya reivindicando “llibertat, amnistia, Estatut d’Autonomia”.
