El auto del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, del magistrado Víctor Gómez, es, al mismo tiempo, una pieza maestra y un torpedo a Génova, al conseguir mezclar las sospechas de corrupción que han sobrevolado sobre el Partido Popular en los últimos 20 años. Luis Bárcenas, caso Púnica, caso Taula y la actual tesorera del PP, Carmen Navarro, con unas pizcas de Gürtel; todo en apenas seis páginas. Sólo ha faltado el caso Lezo, pero vistas las sospechas de la Fiscalía sobre alguna empresa de aguas valenciana, todo es esperar.

El auto que conocimos ayer, y que desvela Loreto Ochando en Valencia Plaza, supone la imputación de Alfonso Grau, el exvicealcalde y mano derecha de Rita Barberá, y atiende al informe de la Guardia Civil que le sitúa como clave de bóveda de todo el entramado de financiación irregular en el PP de la Ciudad de Valencia. Todo el dopaje de las campañas electorales de Rita Barberá -2007, 2011 y 2015- pasaba por él, según la UCO, hasta el punto de que un testigo clave del entramado llegó a relatar cómo Grau le entregó un sobre con 350.000 euros en billetes de 500 euros para pagar los agujeros de la campaña.

Grau ya estaba marcado con anterioridad, pero el cambio de paradigma ha llegado con la aparición de los tesoreros nacionales en el auto del juez Gómez. Porque el problema de la financiación irregular del Partido Popular, una formación muy jerarquizada, es que funciona como las muñecas rusas. De hecho, la propia UCO, en el informe sobre Grau, llega a señalar que “presuntamente desde el partido provincial, se tenía constancia” de cómo se estaba financiando el PP de Valencia.

El magistrado va un paso más allá y se salta el escalón autonómico -que bastante tiene ya con su juicio Gürtel que arranca el 15 de enero y del que hablaremos luego- para pasar directamente a la estructura nacional y entrar de lleno en la figura del delito electoral continuado. Una acusación que recae de plano sobre la actual tesorera del Partido Popular, Carmen Navarro. Ella ya estaba procesada por la destrucción de los discos duros de Bárcenas y ahora también está imputada. Una tradición entre los tesoreros del PP de la que solo se ha librado José Manuel Romay Beccaría.

Navarro habría dado el visto bueno con su firma a las campañas electorales del PP en Valencia en los años 2011 y 2015. No había que ser un lince para preguntarse de Rita Barberá, como en el cuplé, “de dónde saca pa tanto como destaca”. La propia Guardia Civil, tirando por lo bajo, calcula que, en 2007, por ejemplo, se gastaron en torno a 2,7 millones de euros en la campaña, cuando legalmente declararon apenas declararon 130.000 euros y cuando todo el PP en su conjunto, a nivel nacional, declaró 9 millones de euros de gasto electoral.

Las cuentas de 2007 las firmó Luis Bárcenas, quien ya había declarado en esta materia como imputado y luego como testigo. Esta vez, se libra de la imputación -bastantes tiene ya- porque son las únicas cuentas que firmó del PP de Valencia y porque las fechas hacen que el presunto delito esté prescrito. Aunque la losa de haber aprobado semejante trampantojo financiero también queda en su haber.

Y en estas que llega la Púnica. En una pequeña providencia que también se conoció ayer y a la que ha tenido acceso El Plural, el magistrado incluye tres líneas que podrían pasar desapercibidas para los legos en la materia: “Dada cuenta de la recepción y visto el contenido de la documentación remitida por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 para su posible incorporación a esta causa, únase a la misma, dando traslado a las partes”.

Es decir, que la Audiencia Nacional ha atendido a la petición de los agentes de la Guardia Civil que se incluía en el informe que adelantó El Plural, donde se relataba cómo funcionaba la Púnica en Valencia. Esta trama habría recibido dinero municipal para crear un falso diario y una red de influencia que se dedicaba, entre otras cosas, a boicotear encuestas de periódicos reales para que beneficiasen a Rita Barberá. Y los agentes sospechaban que el dinero para pagar ese trabajo sucio podría estar relacionado con la Taula. Ahora, el juez ya tiene en su poder las dos sogas: sólo le queda atar cabos.

Pero falta un último aspecto, circunstancial quizás, pero que merece reseñar. El 15 de enero arranca el juicio por la financiación autonómica del PP en la Audiencia Nacional, con Ricardo Costa y Vicente Rambla como grandes protagonistas. Pero no hay que quitar el ojo a las estrellas invitadas: los empresarios que han confirmado que donaron dinero de manera oculta a la formación conservadora. Entre ellos está Luis Batalla, dueño de la empresa Lubasa. Empresa que también aparece en el auto de Taula como donante del PP de Barberá. Y sí ha cantado en una pieza autonómica, ¿qué le impedirá hacer lo mismo a nivel local?