El Consejo de Ministros de este viernes, ahora sí, ordinario, supone el cierre de una semana de infarto en la historia del desafío soberanista de Cataluña. En esta ocasión, el Gobierno ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional el último movimiento independentista, la aprobación en el Parlament de la Ley de la República Catalana, alias, Ley de Transitoriedad, alias, Ley de Desconexión. En definitiva, lo que pretenden que sea la Constitución del futuro estado independiente catalán. Y, a su vez, la Fiscalía ha presentado las prometidas querellas contra el Gobierno de Carles Puigdemont y contra la mesa del Parlament que aceptó tramitar la Ley de referéndum.

“No subestimen la fuerza del Estado español”, avisó ayer Mariano Rajoy a los independentistas, en un discurso que buscaba tanto la épica que no permitió ninguna pregunta a los periodistas que acudieron a Moncloa. Pero más allá de la grandilocuencia, luego hay que bajar al fango de la batalla judicial y es posible perderse entre términos jurídicos. Aquí tenemos a dos poderes nacionales -el Judicial y el Ejecutivo- lidiando contra dos poderes autonómicos -el Ejecutivo y el Legislativo-.

En esta semana, el poder Legislativo catalán ha aprobado dos leyes con la mayoría absoluta que forman JuntsPelSí y la CUP. El pasado miércoles, aprobó la Ley del Referéndum, y el jueves, la Ley de la República catalana.

Las leyes

La primera de ellas es la que regula el llamado a las urnas de los catalanes para votar su independencia y fue publicada en el boletín de la comunidad antes incluso de que fuera votada por los diputados. El secretario del Parlament, Xavier Muro, ordenó que ningún funcionario la cumpliese, pero finalmente lo hicieron cuatro miembros de Junts pel Sí.

Como toda ley, emanada del Legislativo, debe ser después hecha efectiva –“ejecutada”- por el poder Ejecutivo, es decir, el Govern que preside Carles Puigdemont. Algo que hizo esa misma noche del miércoles con la firma de dos decretos: uno que convoca el referéndum para el día 1 de octubre y otro con medidas adicionales para regular la consulta: urnas, papeletas… y la creación de una Sindicatura Electoral. 3

La respuesta del Gobierno

El poder Ejecutivo español, el Gobierno de Mariano Rajoy, desplegó el jueves, de manera urgente, una batería de medidas contra toda la jugada catalana. Recurrió al Tribunal Constitucional la Ley de Referéndum e impugnó los dos decretos ley firmados por Puigdemont y la Sindicatura Electoral, además de pedir al tribunal que notificase todo esto al Govern, altos cargos de la Generalitat y a los 947 alcaldes y de registrar un incidente de ejecución contra la segunda Ley, que aún no se había aprobado.

El Tribunal Constitucional suspendió durante la noche del jueves, de urgencia y por unanimidad, la Ley del Referéndum, así como los decretos firmados por Puigdemont. En general, el TC aceptó todas las peticiones del Gobierno español y también apercibió de las ilegalidades cometidas y por cometer tanto a altos cargos, alcaldes, responsables de los Mossos y a los medios de comunicación públicos sobre la prohibición de emitir anuncios sobre el referéndum.

La respuesta de la Justicia

Ahora, la Fiscalía General del Estado, que está integrada en el poder Judicial, aunque su jefe sea nombrado por el Gobierno, ha cumplido su amenaza de querellarse y lo ha hecho contra ambos poderes catalanes. Al Legislativo le ha puesto una querella que va dirigida contra la Mesa del Parlament, a la que acusa desobediencia y prevaricación por tramitar la Ley del Referéndum. Al Ejecutivo -a Carles Puigdemont y todo su gobierno- les ha puesto otra querella por los mismos delitos más el de malversación de fondos por firmar los decretos.

Las querellas las ha puesto la Fiscalía de Cataluña ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -el que se convertiría en Tribunal Supremo de la República Catalana si se llevase a cabo la independencia- que es el que tiene que decidir si admite a trámite las querellas, dado la condición de aforados de los denunciados.

Y, por último, tenemos la segunda ley, la de la República Catalana. Cuando empezó a tramitarse, como ya hemos dicho, el Gobierno de Mariano Rajoy le interpuso un incidente de ejecución. Ahora que ya se ha aprobado, el Consejo de Ministros de este viernes ha dado permiso a Rajoy para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley ante el Tribunal Constitucional, por lo que el proceso de anulación será idéntico en cuanto se reúnan los magistrados.

La Ley de la República Catalana aspira a ser el marco legal en el que se mueva la Cataluña independiente entre el momento hipotético en que gane el “sí” al referéndum y hasta cuando se publique la Constitución Catalana, que se estima que sea de un año.

¿Qué dice la Ley de la República Catalana?

Que el presidente de la Generalitat se convierte en presidente de la República catalana, que es una “república de derecho, democrática y social” y se podrán recuperar todas las leyes que haya suspendido el Tribunal Constitucional.

Las lenguas oficiales serán el catalán, el occitano y el castellano.

Serán catalanes todos los empadronados en la Comunidad antes del 31 de diciembre de 2016, así como aquellos que se hubieran empadronado entre esa fecha y la aprobación de la ley y hayan demostrado dos años de residencia. Además, podrán pedirla siempre los que demuestren cinco años de residencia y no tendrán porque renunciar a la nacionalidad española.

La Generalitat pasará a gestionar todos los impuestos y tributos, con una Hacienda propia: "El Estado catalán sucederá al Reino de España en los derechos y obligaciones de carácter económico y financiero". Lo que no aclara es qué pasará con la deuda de Cataluña a España o quién pagará las pensiones de los catalanes. Sí que señala que todos los funcionarios españoles pasarán a ser catalanes, con igual empleo y sueldo.

El TSJC se convertirá en el Tribunal Supremo de Cataluña y se creará una especie de Tribunal Constitucional, llamado Sala Superior de Garantías. El Fiscal General de Cataluña lo nombrará el Parlament tras ser propuesto por el Gobierno y los tribunales catalanes podrán amnistiar a todos los políticos y funcionarios condenados por “conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta". Algo que salvaría a Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega o Francesc Homs… y las condenas que estén por llegar.