Este martes, Inés Arrimadas anunciaba en Twitter a sus 174.000 seguidores que pensaba denunciar a una mujer por un comentario en Facebook en el que pedía que fuese “violada en grupo”. La diputada de Ciudadanos no sólo quería defenderse del “odio”, sino que se proclamaba defensora de “todas las mujeres que han sido violadas”. Junto a su tuit, una fotografía del mensaje en cuestión en el que se veía claramente a la autora y su nombre y apellidos.
El mensaje en cuestión era de un jaez despreciable. No sólo estaba adornado con insultos vomitivos “perra asquerosa”, sino que, como comentamos, incitaba a que Arrimadas sufriese una agresión sexual a la salida de un debate televisivo por el simple hecho de no estar de acuerdo con su postura argumental. Viendo los antecedentes en el mundo del odio, cualquier juez hubiera tenido bastante fácil la condena.
El problema es que Arrimadas ofreció a esta señora a la mesa de sacrificios de Twitter y provocó una sentencia inmediata de 174.000 jueces que se fueron multiplicando según se viralizaba su denuncia pública, que no privada y ante un juzgado, como bien ha señalado el escritor Juan Soto Ivars en El Confidencial.
Lo que dijo esa mujer es asqueroso, sí. Hemos de ser responsables y saber que lo que escribimos en las redes tiene consecuencias, sí. Inés Arrimadas tiene derecho a denunciarla, sí. Pero ya que nos hemos convertido en jueces implacables, haré unas pocas preguntas más. ¿Saben sus señorías en qué condiciones estaba la mujer cuando escribió eso, o lo ignoran? ¿Se le había muerto el gato? ¿Estaba borracha? ¿Tiene depresión y se medica?
No la defiendo, ni la excuso por su mensaje. Pero conozco demasiado bien la destrucción que supone un linchamiento como para manifestar algunas dudas. Yo no sé si esa mujer merece que le hundamos la vida entre todos. Y vosotros tampoco lo sabéis, pero se la vais a hundir.
La insultadora en cuestión, además de su repugnante mensaje, había cometido varios errores. El primero de ellos, tener su Facebook abierto; el segundo, apoyar el independentismo catalán; el tercero, sufrir un evidente sobrepeso. Todos juntos, los errores provocaron un efecto retroceso en su propio ataque. Cualquier que tuviera tiempo para ver su cuenta en la red social antes de que tomara la precaución de cerrarla pudo comprobar la multiplicación de mensajes plagados de insultos y, sobre todo, de opiniones sobre lo poco apetecible que resultaba ella para una violación por culpa de su aspecto físico. Mensajes que se siguen reporduciendo en Twitter.
Facebook no era la única cuenta que la mujer tenía abierta en redes sociales. También su cuenta en Linkedin, con toda su información laboral no tardó en ser encontrada por los tuiteros, que pasaron a exigir que su despido, algo en lo que la empresa no tardó en ceder. ¿Es legal su despido? La Información se ha hecho esta pregunta y ha hablado con expertos laboralistas que no lo tienen muy claro.
Según el artículo 54 2.c del Estatuto de los Trabajadores, es procedente el despido cuando los insultos sean “al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos”. Pero no es el caso. Podría apelarse al siguiente apartado del artículo que acepta el despido por “la transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo”. Un argumento ambiguo que podría valer para asegurar que se ha atentado contra la buena imagen de la empresa. Pero aquí también la última palabra la tiene un juez; no los tuiteros ni los periodistas.
Pero los hay que no están de acuerdo y también han montado un tribunal en sus periódicos, titulando por la “lengua viperina” de la acusada, reproduciendo fotografías de su vida privada y haciendo un repaso intenso a toda su vida laboral en el que se habla de despidos anteriores “por su forma especial de relacionarse” y su paso por “puestos no cualificados” como “teleoperadora” o, incluso, peor, en posiciones en la que ni siquiera “atiende llamadas, sino que tramita documentos”. Trabajo ya no tiene, la duda es si volverá a tenerlo en varios años.
