El uso demagógico del agua con fines políticos esta enturbiando uno de los ámbitos más importantes de la gobernanza municipal, tanto para las personas como para el medio ambiente. El servicio de aguas es una prestación fundamental para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos atendiendo a un derecho humano básico: el acceso cómodo y seguro al agua potable y de saneamiento.
Pero junto a ello, un servicio municipal de aguas moderno, eficaz y comprometido con la sociedad debe atender a otra responsabilidad básica: la de reducir su impacto medioambiental en el entorno para garantizar el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos y la preservación de la naturaleza, una demanda ciudadana creciente en todo el mundo.
Por todo ello el servicio municipal de aguas debería quedar al margen de la argucia y la oportunidad política, del oportunismo, la artimaña y la demagogia. El servicio municipal de aguas no debe enfrentar a los grupos políticos sino unirlos para responder al bien común, procurando la mejor satisfacción para la sociedad, no para los intereses políticos. Algo que por desgracia no está siendo así en algunas ciudades, como por ejemplo Valladolid.
Los vallisoletanos gozan de uno de los servicios municipales de aguas más eficaces y económicos de toda España. Así lo reconocen los estudios llevados a cabo por las organizaciones de consumidores, que sitúan a Valladolid como la ciudad con la factura de agua más barata a nivel estatal.
En ese mismo sentido, una reciente encuesta ampliamente detallada por los medios de comunicación de Castilla y León señalaba que el servicio municipal de aguas no figura entre las principales preocupaciones de los vallisoletanos, que en más de tres cuartas partes (exactamente un 76,2%) no muestran la más mínima queja sobre si la gestión de dicho servicio.
Sin embargo, el gobierno de la ciudad vallisoletana, presidido por el socialista Óscar Puente con la participación de Valladolid Toma la Palabra –candidatura municipalista liderada por IU– y el apoyo de Sí se Puede –candidatura vinculada a Podemos-, ha decidido no renovar la concesión para la gestión del ciclo integral del agua a la empresa que venía prestando sus servicios al consistorio desde hace veinte años. A partir del próximo 1 de julio el servicio será asumido por una empresa pública de nueva creación.
El debate sobre los motivos que han llevado al Ayuntamiento a tomar esta polémica medida está al cabo de la calle. Lo que parece fuera de toda duda es que no había aparente necesidad, que los ciudadanos no reclamaban ese cambio, y que se trataría de una exigencia política de los dos grupos que prestan apoyo al PSOE para marcar perfil propio ante sus votantes.
De momento la concejal responsable del área (de IU) ya ha anunciado dos medidas polémicas al respecto. Por un lado, que el gerente de la empresa municipal solo deberá demostrar 1 año de experiencia en el sector del agua para acceder al cargo (y no 5 como se le exigía en un principio), lo que resulta especialmente inquietante teniendo en cuenta que la experiencia es la base en este servicio básico. Y por otro que el recibo del agua en Valladolid subirá a partir del próximo año para compensar las inversiones.
Las valoraciones políticas no tienen cabida en este espacio de opinión dedicado única y exclusivamente a promover la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente. Pero ante la incertidumbre planteada resulta oportuno señalar el mandato constitucional que tienen los políticos al respecto: “Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente.” (Título I. De los derechos y deberes fundamentales Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica. Artículo 45)
Seguiremos muy atentamente la evolución del cambio de titularidad en el servicio municipal de aguas, por las repercusiones que pueda tener para el buen funcionamiento del ciclo integral para el medio ambiente. Esperemos por el bien de todos que la sensatez, la responsabilidad y el sentido común prevalezcan sobre cualquier interés político.
