Más allá de su inhabilitación como candidato y también para el ejercicio de cualquier cargo público, no por haber puesto las urnas sino por haber desobedecido el mandato del Tribunal Constitucional que prohibió la celebración de la consulta del 9-N, y sin duda alguna mucho más allá de su obligado “paso a un lado” a renunciar a ser reelegido presidente de la Generalitat al ser enviado por sus amigas de la CUP a “la papelera de la historia”, Artur Mas debería reflexionar estos días sobre aquella advertencia pública de su predecesor en la Presidencia de la Generalitat, el socialista Pasqual Maragall, que en 2005 y en sede parlamentaria tuvo la valentía de decir en voz alta y clara lo que solo unos pocos periodistas nos habíamos atrevido a escribir o a decir también de forma pública: que CDC tenía un problema y que este problema era el del 3%, en alusión al porcentaje de comisión que el partido fundado por Jordi Pujol, entonces presidido ya por Artur Mas, supuestamente cobraba para la adjudicación de todo tipo de contratos públicos.

Pasqual Maragall tenía sobrados motivos para decir lo que en 2005 dijo en el Parlamento de Cataluña, aunque lamentablemente también es cierto que no pudo aportar pruebas que demostrasen su acusación y, por desgracia para todos, se vio obligado a rectificar ante la clara amenaza de Artur Mas de dejar de apoyar el proyecto de elaboración de un nuevo Estatuto de Autonomía.

Han pasado ya más de doce años desde aquel día y es obvio que Pasqual Maragall no puede ver cómo su denuncia pública de entonces es hoy compartida por una muy amplia mayoría parlamentaria -de la CUP al PP, pasando por C’s, PSC y CSQP, y quizá también por ERC y otros parlamentarios secesionistas- y asimismo por muchos de los comentaristas y periodistas que en aquel momento criticaron y denostaron al entonces presidente Maragall por su acusación. Pero Artur Mas debería reconocer, de una vez por todas, la veracidad de aquella denuncia pública de Pasqual Maragall.

El caso Palau, que en sus inicios, en 2009, comenzó siendo el caso Millet y ahora es ya el caso CDC, es paradigmático al respecto. La histórica y monumental sede del Orfeó Català diseñada por Lluís Domènech i Montaner, escenario desde el que se fraguó la figura mítica de Jordi Pujol como resistente catalanista y antifranquista, acabará siendo la tumba del partido del propio Pujol, ahora travestido a PDECat y presidido por Artur Mas.

Como ocurre también con el PP en Valencia, Baleares, Madrid, Murcia y otras comunidades autónomas, cada día son más los indicios de la existencia de una corrupción sistémica en CDC, no ya del 3% sino incluso del 4%, y no solo en el caso Palau sino también en otros sumarios ahora en instrucción, desde los que afectan al propio expresidente Pujol, a su esposa y a todos sus hijos hasta el llamado caso 3% iniciado en Torredembarra a consecuencia de una denuncia presentada por una concejal de ERC y que hasta la fecha ha reunido ya gran número de indicios de corrupción y financiación ilegal.

Pasqual Maragall tenía razón. Se equivocó tal vez en el porcentaje. A la baja, según parece. Ya sería hora que Artur Mas lo reconociese, y que lo hicieran también todos cuantos durante todos estos años han seguido callando ante lo que en Cataluña era y es un secreto a voces desde hace más de treinta años.