La Ley de Memoria Histórica nació con el mejor espíritu de la Transición Democrática: “la reconciliación”. Su objetivo, reconocer, reparar y dignificar a todas las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, fuera cual fuera su color político. Significaba un paso importante en materia de calidad democrática y en la defensa de los Derechos Humanos.

La ley, en sus inicios durante el Gobierno de Zapatero, tuvo presupuesto (6,25 millones de euros en su último ejercicio)  y un alto grado de  cumplimiento. Sin embargo, la labor fue interrumpida por los gobiernos de la derecha que, a partir del 2012, vaciaron primero y después eliminaron la partida de Vicepresidencia, limitándose, en la actualidad,  desde el Ministerio de Justicia,  a una mera labor de mantenimiento de webs, contestación de consultas y poco más.

La derecha ha degradado y dejado en vía muerta la Ley, en especial en la  localización y exhumación de fosas. Esta postura contrasta con el esfuerzo que están haciendo las Asociaciones de Víctimas y la mayoría de las Comunidades Autónomas. Contrasta, además, con la realidad por ser España, a lomos de la Guerra Civil y del Franquismo,  uno de los países con más desapariciones forzadas.

Tal comportamiento de la derecha española muestra una postura ideológica muy preocupante, que no tiene parangón en el resto  de la Unión Europea, donde los conservadores  en países como Italia o Alemania manifiestan una actitud abierta al consenso y a la conciliación.

No actuar en esta materia es hacer política de parte, permitiendo así que muchas víctimas -en su gran mayoría republicanas-  sigan olvidadas, sin un entierro digno y sin un lugar donde sus familiares puedan llorarlos.  Como lo es, también mantener monumentos y símbolos que exaltan la división entre españoles, como es el caso del Valle de los Caídos, que no ha merecido la atención de nuestros gobernantes, a pesar de ser un compromiso de la Ley y de contar con las resoluciones de una Comisión de expertos creada al efecto. Tal dejación de responsabilidad del Estado ha sido denunciada por las Asociaciones de Víctimas, por recientes informes de la ONU y por el propio Tribunal Supremo en sentencias, como la de 28 de marzo del 2012. Una posición  que no emite precisamente un mensaje de reconciliación y que puede ser interpretada como un agravio más de la dialéctica: “vencedores y vencidos de la guerra”.

Con cerrazón ideológica, el Gobierno de Rajoy no solo se niega a aplicar la ley, sino que se opone a  su mejora, de acuerdo con la experiencia ganada durante los años de su vigencia y las resoluciones de los aludidos informes de la ONU. Mejora que debería enriquecer la legislación actual en materias como la creación de una Comisión de la Verdad, el impulso de Bancos de ADN,  aumentar el  compromiso del Estado, en especial, en la localización y exhumación de fosas, reforzar el acceso a los archivos, trasladar la Memoria al campo educativo, entre otros temas.

No se trata de anclarse en el pasado, como dicen algunos, sino de conocer la verdad y evitar repeticiones; de dignificar a todas las víctimas; de reconciliar  y  cerrar heridas y de  aplicar los derechos humanos. Todo ello no solo  da mayor calidad a nuestro sistema democrático si no que, sin estos  mínimos, todo el sistema cojea. Por ello, es urgente un cambio de actitud del Gobierno que impulse la aplicación y mejora de la Ley de Memoria Histórica.