El actual ministro alemán de Justicia, Heiko Maas, quiere que se haga reparación de al menos 50.000 condenas injustas que fueron dictadas bajo la ideología nazi en tiempos en los que Alemania ya tenía una Constitución democrática. La revisión histórica es esencial porque, según ha manifestado el ministro, "se trata nada menos que de la lucha por el imperio de la ley en un Estado de Derecho".

Un estudio encargado por el propio Ministerio alemán y publicado en estos días como “el expediente Rosenburg” revela que este departamento fue administrado por nazis durante más de treinta años tras la caída de Adolf Hitler y que, en aquella época, cuando se discutía ardientemente sobre la persecución de los criminales nazis, los "viejos camaradas" instalados en la Administración de Justicia “no querían dejar que gente venida de fuera y sin nada que ocultar revisaran lo que habían hecho". Una amnistía “de facto” en toda regla que, aunque no tuviera apoyo legal, fue gestionada eficazmente por quienes tendrían que haber sido juzgados. La leyenda de “Vencedores y vencidos” se transformó en “Vencidos… pero vencedores”.

Pensar que nuestro Ministerio de Justicia pudiese adoptar una iniciativa similar sería una idea insólita y más próxima a la ficción que a la realidad. Los sadomasoquistas alemanes parecen disfrutar hurgando en su propia historia con la pretensión de conocerla mejor -por desagradable que ésta sea- para no repetir los mismos errores del pasado y poder, en su caso, reparar las injusticias que determinadas actuaciones podrían haberse provocado; pero sabido es que nuestros dirigentes prefieren no reabrir viejas heridas ya cicatrizadas -¡aseguran!- y recomiendan entusiásticamente dirigir nuestra mirada en exclusividad al futuro -¡como si ello fuera posible!- aunque sea con tupidas anteojeras que impidan amargos e incómodos recuerdos.

Si en Alemania calculan que unas 50.000 sentencias tendrían que ser revisadas por injustas al ser dictadas bajo la ideología nazi, ¿cuántas sería necesario revisar en nuestro país, desde el fallecimiento de Francisco Franco, por la pervivencia del fascismo en nuestras Administraciones e Instituciones públicas, máxime si se considera que el partido político que sostiene a nuestro actual Gobierno fue fundado tan sólo un año después de la muerte del dictador por la voluntad de seis de los que fueran sus ministros?

Entre todas esas actuaciones judiciales que podrían ser revisadas hay una que me afecta muy directamente. En un artículo que escribí en este mismo periódico digital en el año 2012 afirmé que Falange Española de las JONS “tenía un amplio historial de crímenes contra la humanidad”, la citada organización presentó una querella contra mí por injurias y calumnias, el juzgado correspondiente la aceptó, tuve que declarar en calidad de imputado y aunque hubo múltiples declaraciones a mi favor –entre ellas un manifiesto de apoyo firmado por más de 400 personalidades- la querella siguió su curso hasta que una sentencia de una instancia superior la archivó aunque fundamentando su decisión en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Es decir, que yo había indefectiblemente injuriado ya que no se reconocía judicialmente que en lugar de calumniar había expresado una verdad científica y suficientemente contrastada.

¿Hasta cuándo la Justicia española desconocerá nuestro reciente pasado como si no hubiese ocurrido lo que realmente aconteció? ¿Hasta cuándo seguirá utilizando las anteojeras de la Ley de Amnistía de 1977 y de la voluntarista prescripción de los delitos imprescriptibles? Por cierto, leo en estos días que quince ayuntamientos presentarán querellas por los crímenes del franquismo contra la humanidad. ¡No les arriendo las ganancias!