Como bien explica la Dirección General de Tráfico en su página web, la gran variedad de marcas, modelos y precios es una prueba indiscutible del auge que están experimentando actualmente en España las denominadas ´dashcams´, unas cámaras que se instalan en el salpicadero o en el parabrisas de los coches para grabar todo lo que sucede delante de nuestro vehículo.

En algunos países el uso de 'dashcams' es obligatorio por ley, pero en España, la Ley de Protección de Datos (LOPD), modificada en 2006, deja dudas sobre la legalidad o no de las dashcam. En teoría, la Ley establece que se necesita consentmiento expreso para grabar y difundir datos de carácter personal y precisamente las matrículas de cualquier vehículo tienen este carácter, pero lo cierto es que no existe una normativa de tráfico que regule o sancione el uso de estas cámaras de salpicadero.

De hecho, la tercera generación del Citroën C3 que se puso en venta el año pasado en España cuenta entre sus principales novedades con la tecnología ConnectedCAM. Se trata de una cámara HD instalada debajo del retrovisor (se ofrece como opción) que puede grabar imágenes fijas y vídeos de unos 20 segundos de duración. Aunque está pensada más para un uso de ocio, también prevé su utilidad en siniestros. En caso de accidente, la cámara se activa de forma automática y permite recuperar los 30 segundos previos y el minuto posterior.

Aunque las dashcam están empezando a despuntar ahora en España, lo cierto es que en algunos países llevan tiempo implantadas y en Rusia, por ejemplo, su uso es obligatorio por ley, ya que así lo decidieron las autoridades como medida disuasoria para evitar los altos índices de corrupción policial y fraude a las aseguradoras. La idea ha funcionado, ya que su uso en Rusia ha rebajado notablemente esas prácticas, ya que los conductores cuentan ahora con una herramienta amparada por Ley cuyas pruebas son difíciles de rebatir.

Aunque el laberinto legal por el que se mueven las ´dashcams´ en España tiene réplica en otros países de nuestro entorno (con mayor o menor flexibilidad), algunas legislaciones se muestran más restrictivas. Por ejemplo, en Austria están prohibidas por ley y su instalación puede acarrear multas muy elevadas; en Suiza se desaconseja su uso; en Alemania las posibilidades de que una grabación procedente de estos aparatos prospere como prueba en un juicio son remotas; y en Luxemburgo, aunque en teoría poseer o incluso colocar una no es ilegal, su uso en la vía pública está totalmente prohibido.