La actual plantilla de examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT), congelada desde al menos los últimos cinco años, ha mermado hasta extremos el sistema de obtención del permiso de conducir, que está sufriendo retrasos que bloquean la actividad de las autoescuelas. En este contexto, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha disparado las alarmas ante la posibilidad de que se produzca un colapso del sistema de Formación Vial en España, lo que provocaría el cierre de empresas y el despido de miles de trabajadores.

La situación es especialmente grave en 12 Jefaturas Provinciales de Tráfico, que suponen el 48% de los permisos expedidos en España (Alicante, Baleares, Barcelona, Ciudad Real, Cuenca, Girona, La Rioja, Lleida, Madrid, Navarra, Tarragona y Valencia), en las que llegan a acumularse retrasos para realizar el examen de hasta un mes, además de cambios de fecha de última hora. Los retrasos y los sorpresivos cambios de fecha provocan interrupciones en los procesos de formación de los alumnos y parones de actividad de los profesores.

Estos parones de actividad por la ausencia de fecha para realizar exámenes de tráfico genera una pérdida de calidad formativa, pone en riesgo el empleo del profesorado y perjudica en la tasa de aprobados de los alumnos. Para solucionar este grave problema, CNAE considera urgente la ampliación de la actual plantilla de examinadores con la contratación de al menos 213 funcionarios.

Y es que la actual plantilla de examinadores de la DGT suma 756 funcionarios, según los datos de la DGT, aunque la Confederación reduce este número a 619 al tenerse en cuenta algunas variables, como las vacaciones y las bajas de larga duración. La CNAE considera que son necesarios 943 examinadores para llevar normalidad al ciclo formativo y a los exámenes. Y es que cabe destacar que cada examinador sólo puede hacer diariamente 13 pruebas (11 en el periodo estival), lo que supone que el déficit de exámenes se eleva a casi 600.000 anuales.

La carencia de examinadores no sólo perjudica a las autoescuelas y a la calidad del sistema formativo, pues también tiene consecuencias sociales que en algunos casos son de gravedad, porque los aspirantes no pueden opositar en las convocatorias de empleo público, acceder a empleos en los que se requiere el permiso de conducción o crear actividad autónoma o empresas en las que el automóvil es el principal activo.