La Unión General de Trabajadores (UGT) rechaza que las pensiones públicas solo se revaloricen un 0,25% en 2018 (tal y como se recoge en el Plan Presupuestario que ha remitido el Ejecutivo a Bruselas) porque supondría que los pensionistas perderían poder adquisitivo, por segundo año consecutivo.

Según cálculos del sindicato, el Estado tendría que emplear 313 millones para subir las pensiones ese 0,25% y se ahorraría 1.500 millones de euros, la diferencia entre esta subida de pensiones y lo que subirá el coste de la vida (según los cálculos actuales).

Pensionistas más empobrecidos
El sindicato alerta de la injusta política económica de un Gobierno: que, por un lado, condena a los pensionistas a una nueva pérdida de poder adquisitivo, es decir, les empobrece más y, por otro, destina 2.000 millones al rescate de autopistas.

Para UGT, esta subida es totalmente insuficiente, ya que supone apenas 2,3 euros más al mes para la pensión media, que en septiembre se situó en 925 euros, o 1,62 euros más para la pensión más habitual, de 650 euros. Un recorte bastante evidente que va a aumentar los niveles de pobreza de este colectivo, disminuye casi un 3% su capacidad de compra en los dos últimos años y reduce, más si cabe, su Estado de Bienestar.

Las propuestas de UGT
El sindicato lleva defendiendo durante meses la revalorización de las pensiones por encima del nivel de los precios, y establecer medidas para incrementar los ingresos de la Seguridad Social. En este sentido, UGT propone asegurar el poder adquisitivo de las pensiones incluyendo también una cláusula de revisión a final de año para que no lleguemos a un sistema de pensiones mínimas. Además, reclama la revisión inmediata de las fuentes de financiación, para que el sistema no solo se financie a través de cotizaciones, sino también con impuestos; y erradicar el déficit de la Seguridad Social acabando con las bonificaciones a la contratación, financiando los gastos de la Seguridad Social desde los PGE, y destopando las bases de cotización.

Sin embargo, el Gobierno, que parece más preocupado en bajar las pensiones año a año y en engordar deliberadamente el déficit de la Seguridad Social, vendiendo una situación de insostenibilidad que no es real, para favorecer los fondos privados. No solo ha hecho caso omiso a las reivindicaciones sindicales, sino también a las recomendaciones de todos los grupos políticos que reclaman un aumento real para el año 2018.

La reforma del PP de 2013
Para UGT, un modelo público de pensiones eficaz y eficiente es incompatible con la reforma que el PP aprobó en 2013, con un índice de revalorización y un factor de sostenibilidad que llevan implícitos el recorte de las pensiones a corto y medio plazo, por lo que exigimos su derogación y la puesta en marcha de medidas que aumenten el poder adquisitivo de los pensionistas y garanticen la viabilidad del sistema público.