Basura acumulada en la calle Montera de Madrid, cuando se cumple el undécimo día de huelga de limpieza en la capital. EFE Basura acumulada en la calle Montera de Madrid, cuando se cumple el undécimo día de huelga de limpieza en la capital. EFE



La dirección de la empresa pública Tragsa ha comunicado que asumirá la limpieza de las calles de Madrid a partir de mañana sábado si no hay acuerdo entre empresas adjudicatarias y trabajadores a las cinco de esta tarde, que es la hora a la que concluye el ultimátum de 48 horas dado por la alcaldesa Ana Botella. Para que Tragsa, dependiente del Ministerio de Agricultura, pueda intervenir tienen que cumplirse una serie de requisitos, o bien que el Ayuntamiento decrete el estado de emergencia sanitaria o que denuncie ante la Fiscalía el incumplimiento de los servicios mínimos pactados para la huelga, que son de un 40% del servicio habitual.

Botella no quiere decretar la alerta sanitaria
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, dejó claro que no piensa decretar el estado de alerta sanitaria a pesar de que se cumplen 11 días de huelga y la situación de la mayoría de las calles madrileñas es catastrófico. Hay que recordar que Tragsa intervino en las huelgas de limpieza de Granada y Jerez porque sus respectivos ayuntamientos decretaron la alerta sanitaria, pero la alcaldesa no quiere hacerlo porque sería un golpe demoledor para la imagen de la capital de España en todo el mundo. Ni el PP ni Botella quieren el titular de 'alerta sanitaria en Madrid'. Por ello la opción que baraja el equipo de gobierno es denunciar ante la fiscalía el incumplimiento de los servicios mínimos, dado que además el comité de empresa de Tragsa ha dejado claro que los trabajadores de la empresa pública no se dejarán utilizar como "revienta huelgas".

Los sindicatos dispuestos a denunciar la vulneración del derecho de huelga
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid deberá hilar muy fino en su argumentación para que Tragsa limpie las calles de la ciudad, porque los representantes sindicales de las contratas de la limpieza ya han anunciado que denunciarán cualquier intento de conculcar el derecho a la huelga que recoge la Constitución. Para los sindicatos recurrir a Tragsa no es una presión del ayuntamiento, porque "no puede haber más presión que el despido de 1.134 trabajadores y una rebaja salarial del 40%". Los sindicatos ya han anunciado que están dispuestos a recurrir a los tribunales si se boicotea su legítimo derecho a la huelga.

18 detenidos que en su mayoría no son barrenderos, según la policía
Tras casi dos semanas de huelga, las empresas adjudicatarias del servicio de limpieza y mantenimiento de jardines (OHL, Sacyr y FCC) han cuantificado los daños sufridos hasta la fecha en 454.469 euros, que sumados a los 496.000 cifrados por el Ayuntamiento de Madrid, elevan la factura de la huelga a un millón de euros que, según Ana Botella, tendrán que asumir las empresas.

La alcaldesa ha insistido en denunciar los actos vandálicos que se han producido estos días. La Policía ha identificado a 249 posibles autores y hasta el momento se han detenido a 18 personas, pero según la policía en su mayoría no son ni barrenderos ni jardineros, con lo que se desbarata el argumento del PP de culpar a los trabajadores de los actos vandálicos.

A esto se suma la ceremonia de la confusión entre empresas y ayuntamiento sobre si se informó o no del ERE que pensaban aplicar. Inicialmente las empresas confirmaron que habían comunicado al Ayuntamiento que, ante la rebaja del contrato, tendrían que despedir a trabajadores, pero Ana Botella lo negó en rueda de prensa. Las empresas salieron después a apuntalar las declaraciones de Botella, pero no han aclarado el número de trabajadores que van a mantener en sus plantillas.