Las start-ups son las nuevas empresas emergentes que buscan financiación. En España, estas empresas han superado ya los 100 millones de euros, lo que convierte al señor tecnológico en uno de los que más creen en nuestro país. El problema es que España ha experimentado recientemente algunos cambios normativos que pueden llegar a penalizar la inversión en estas nuevas empresas emergentes.

Desde Ad&Law, expertos en asesoramiento fiscal, legal y financiero, ponen como ejemplo la entrada en vigor de la nueva Ley del Impuesto sobre sociedades “que ha derogado determinados incentivos fiscales como la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios”. Al eliminar esta deducción las rentas obtenidas por las ventas del inmovilizado no pueden acogerse a la deducción del 12%, tal y como sucedía antes, si su importe se reinvertía en otros elementos del inmovilizado.

Además, aquellas empresas cuya cifra de negocio sea inferior a 10 millones de euros han visto suprimida la deducción del 10% y 5% en empresas de reducida dimensión y en microempresas, por inversiones sobre los beneficios obtenidos. Estos negocios también se han visto perjudicados al eliminar el incentivo fiscal que permitía amortizar, de manera acelerada, los elementos patrimoniales objeto de reinversión y la desaparición del tipo de gravamen reducido por mantenimiento de empleo para las microempresas, incrementándose del 20% al 25% el impuesto sobre los rendimientos que no sobrepasen los 300.000 euros.

Exit Tax contra la inversión
Otro impuesto que penaliza la inversión es el conocido como Exit Tax. Desde enero de este año los contribuyentes que se trasladen fuera de la UE y realicen inversiones superiores al millón de euros tienen que hacer frente a esta nueva obligación fiscal que, aunque sólo iba a afectar a los grandes patrimonios, puede afectar a la inversión de las empresas de nueva creación y a las start-ups.

Desde Ad&Law explican que “sí que se trata de un impuesto que penaliza la inversión ya que si un inversor se traslada al extranjero y es titular de acciones o participaciones en entidades cuyo valor de mercado exceda, conjuntamente, de 4 millones de euros o cuando se controle más del 25% de una sociedad con activos superiores al millón de euros deberá de hacer frente al Exit Tax”.

“De este modo este nuevo impuesto sí que puede suponer un obstáculo importante para que grandes patrimonios e inversores internacionales fijen su residencia en España y para que algunos decidan salir de nuestro país antes de consolidar los 10 años de residencia en territorio español”.

Desde Ad&Law concluyen que “el crecimiento en las inversiones en start-ups en España puede verse afectado por la modificación o supresión de algunos de estos incentivos fiscales que aunque, de primeras, intentan situarnos al nivel de otros países europeos en cuanto a recaudación lo que finalmente logran es penalizar, dificultar u obstaculizar la inversión”.