Imagen de archivo de una sucursal de NCG Banco en Santiago. EFE/Archivo Imagen de archivo de una sucursal de NCG Banco en Santiago. EFE/Archivo



El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ponferrada (León) ha condenado a Novagalicia Banco (NCG) a devolver 4.800 euros de un contrato de obligaciones subordinadas en el que un bebé de cuatro meses figuraba como ordenante. Por otra parte, hoy también se ha conocido que el magistrado encargado de las preferentes en Santander considera que Liberbank pudo cometer un delito al vender preferentes a un hombre declarado incapaz.

La titular del juzgado de Ponferrado ha declarado nulo el contrato con el bebé de cuatro meses y ha condenado, además, a la entidad bancaria a pagar el interés legal del dinero desde la fecha de suscripción de los valores así como las costas del procedimiento.

Ordenante de cuatro meses
En la sentencia, fechada el 29 de noviembre y que se ha hecho pública hoy, la jueza subraya que la orden de suscripción se encuentra a nombre de dos titulares (cuenta asociada), pero la ordenante es un bebé de apenas cuatro meses. "Dicho dato objetivo determina ya por sí mismo la inexistencia de información por el personal bancario o al menos que la misma pudiera comprender con tal edad", afirma la magistrada en la sentencia.

"Producto financiero complejo"
En su argumentación, la jueza considera probado que la entidad financiera vendió al cliente un "producto financiero complejo" que requeriría una información previa a la firma del contrato, información que NCG alega haber proporcionado mediante la entrega de un tríptico informativo pero que la magistrada considera "no acreditado".

Devolver 35.000 euros
Igualmente hoy se ha conocido que el magistrado encargado del Juzgado cántabro de Preferentes cree que Liberbank pudo cometer un posible delito de estafa al vender preferentes a un hombre declarado incapaz y, por ello, ha acordado deducir testimonio contra la entidad y remitir los hechos al juzgado que corresponda para investigarlo. La decisión se acuerda en una sentencia en la que, además, se anula el contrato y se condena a la entidad a devolver 35.000 euros a una heredera del cliente, ya fallecido.

Preferentes de herencia
En la sentencia, dictada el pasado 27 de noviembre y difundida hoy, el juez José Luis Sánchez, titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Santander, especializado en preferentes, explica que el contrato entre Liberbank y el cliente se firmó en junio de 2006, a pesar de que el hombre había sido declarado incapaz casi dos años antes. Tras su fallecimiento y realizado el correspondiente reparto de bienes, una de las herederas, que recibió un tercio del valor de las preferentes, demandó a la entidad bancaria y reclamó la anulación del contrato, tanto el suscrito en principio por el fallecido, como el que firmó ella en agosto de 2008 al heredar las participaciones.

Información "incompleta y sesgada"

El Juzgado da la razón a la mujer y anula el contrato. Argumenta, como en otros casos de preferentes, que la información suministrada a la mujer fue "incompleta y sesgada", en un lenguaje "críptico y técnico", y en ninguno de los documentos firmados se le previno sobre la "naturaleza arriesgada" de la operación. Pero es que además, en este caso, el banco ni siquiera ha aportado al Juzgado el contrato suscrito en 2006 con el cliente ya fallecido.

"Difícilmente probado"
Según señala la sentencia, Liberbank sólo ha aportado una certificación en la que confirma la "presunta contratación" realizada en 2006, pero "no consta" en la causa el contrato y, por tanto, considera que "difícilmente puede darse por probado" que el banco informara al cliente "de forma completa, precisa, adecuada e individualizada" de los riesgos de la inversión. Además, recalca que el hombre había sido declarado incapaz y la entidad no ha dado "explicación alguna sobre un hecho tan grave como el de contratar este complejo producto con alguien que no tenía capacidad alguna para hacerlo".

"Posible delito de estafa"
"La demandada (Liberbank), incumpliendo de forma flagrante sus obligaciones legales, vendió a una persona incapaz un producto bancario de alto riesgo y, posteriormente, cuando éste fue adquirido por su heredera, tampoco le hizo a ésta el preceptivo test de idoneidad al que estaba obligada", añade la sentencia. Por todo ello, el juez, además de anular el contrato y condenar a la entidad a devolver 35.000 euros a la mujer, acuerda deducir testimonio dada la "posibilidad" de que los representantes del banco hayan cometido un posible delito de estafa.