Mutua Madrileña contrató los servicios del excomisario José Manuel Villarejo a través de la sociedad Cenyt, tal y como informa ABC. El objetivo era investigar al expresidente de la aseguradora, José María Ramírez Pomatta, ya fallecido, y dos de sus exdirectivos: el exconsejero Arturo Baldasano Supervielle, actual presidente de Teka Industrial, y al menos un tercer exdirectivo más. ElPlural.com se ha puesto en contacto con Mutua Madrileña, sin obtener respuesta por el momento.
Los servicios, prestados en 2012, consistían en el espionaje de un bando de la compañía por parte del otro. El expresidente Pomatta fue cesado como presidente de la compañía en 2008, mientras estaba enfermo, por lo que culpó de esto al grupo mayoritario que había situado a Ignacio Garralda en la presidencia para sustituirle.
Así, tal y como informa ABC, se desató una guerra con dos bandos bien diferenciados. Por un lado, Pomatta y sus fieles y por otro, los directivos que pasaron a controlar el nuevo consejo de administración, entre ellos el vicepresidente Luis Rodríguez Durón, de quien Pomatta había prescindido.
Según fuentes confidenciales de la compañía, el vicepresidente Rodríguez Durón tenía una buena relación con el jefe de seguridad de Mutua Madrileña en ese momento, el comisario en segunda actividad Benjamín García Cañón. El mismo jefe de seguridad de Mutua fue quien contrató los servicios de Villarejo, con el que disfrutaba de una amistad más allá de la relación profesional, según fuentes policiales.
El expresidente Pomatta se había asegurado una jubilación de 21 millones de euros, cantidad que la nueva dirección bajo el mandado de Garralda no estaba dispuesta a pagar. La investigación de Villarejo arrancó cuando la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón al expresidente en 2012, con el derecho a cobrar 14 de los 21 millones de su jubilación.
Investigación patrimonial del expresidente Pomatta
En este momento, en pleno proceso judicial, la empresa encargó la investigación patrimonial del expresidente a Cenyt, la sociedad de Villarejo, con la posterior anulación de la jubilación de Pomatta por parte del Tribunal Supremo. Según ABC, García Cañón sería quien habría realizado el encargo “siguiendo órdenes”, al igual que ha sucedido en el resto de las empresas imputadas en el caso Tándem.
Por su parte, Mutua Madrileña reunió a un gabinete de crisis hace solo unas semanas para analizar la situación. El hecho que más les preocupa es que cuando pagaron a Villarejo era comisario de la Policía Nacional en activo. Esto supone que la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, podría imputarles por un presunto delito de cohecho, entre otros.
Los pagos al grupo Cenyt alcanzaron los 16.000 euros, repartidos en tres facturas a lo largo de 2012, según las facturas publicadas por Voz Pópuli. El concepto especifica que se trata de estudios de solvencia patrimonial mientras que, en cuanto al importe, algunas fuentes de ABC aseguran que es “poco dinero” para las tarifas de Villarejo.
El Grupo Mutua habría confirmado a ABC que los únicos pagos al excomisario fueron esos 16.000 euros por el encargo de “estudios de solvencia patrimonial por un litigio” que en 2012 tenía la empresa. Sin embargo, no entran en detalles con respecto a la identidad de las personas a las que se pidió investigar, así como quién ordenó y materializó el encargo a Cenyt ya que el caso se encuentra bajo secreto judicial.
El jefe de seguridad de Mutua Madrileña en ese momento, Benjamín García Cañón, fue coordinador de la Jefatura de Seguridad de la Casa del Rey antes de pasar a la compañía. Por su parte, salió de 2014 de la empresa en medio de una polémica silenciada relacionada con contratos derivados del Mutua Madrid Open de Tenis.
